Parte del soberanismo reclama al Gobierno que influya sobre la fiscalía por los presos y que cese la «represión». La Moncloa movió ficha cambiando al representante de la abogacía del Estado en el juicio, pero invoca la división de poderes.
Ambas partes aceptan crear una mesa en el marco de la comisión bilateral entre Estado y Generalitat y otra que incluya a representantes de partidos estatales. Además, existe un foro que reúne a los partidos catalanes salvo Cs, PP y la CUP.
La Generalitat quería que fuera una figura «independiente» internacional pero finalmente aceptó que no fuera una personalidad extranjera, que no fuera mediador sino «relator» y que estuviese en la mesa de partidos, no en la de gobiernos.
Cuando parecía que avanzaban las conversaciones, el soberanismo recuperó con fuerza la exigencia de la autodeterminación en las mesas de diálogo. El Gobierno siempre se ha negado a abordar una cuestión que desborda la Constitución.
«El Gobierno tiene presión, igual que nosotros», concluía Artadi. Una parte del Govern quiere pactar para evitar elecciones, pero los más rupturistas elevan la apuesta. A su vez, el PSOE vive una rebelión interna por las «cesiones».
