«A ver cómo lo explican», repetía ayer la portavoz del Gobierno, Isabel, Celaá. Y es que el veto a la nueva senda de estabilidad ejecutado por Podemos, ERC, PDECat y Compromís dejará sin más de 2.200 millones de gasto adicional a las comunidades autónomas, de los que 800 millones corresponden a autonomías gobernadas por el PP, que ha votado en contra de los objetivos propuestos por el Gobierno y sin un margen de gasto similar una cifra similar para la Seguridad Social. El bloqueo del Congreso supone volver a los objetivos de déficit anteriores, establecidos por el Gobierno de Mariano Rajoy y que tanto la Comisión Europea como la Autoridad Independiente de Responsabildiad Fiscal (AIReF) y otros organismos ya alertaron de que no se cumplirían. En todo caso, las administraciones públicas dispondrán de cinco décimas menos de déficit (unos 6.200 millones), al situarse de nuevo el tope en el 2,2% del producto interior bruto (PIB) (2,7% el acordado con Bruselas por el Gobierno) y, en concreto, dos décimas menos para las autonomías y para la Seguridad Social (unos 5.000 millones).

Cataluña es la más afectada, con unos 484 millones de euros menos de capacidad de gasto, seguido de Madrid (477 millones) y Andalucía, con unos 337 millones. De entre las comunidades gobernadas por el PP, la más penalizada será Madrid; seguida por Galicia, con 132 millones; y Castilla y León, con 123 millones menos para destinar a sanidad, educación y servicios públicos. También afectará a autonomías como Murcia (65,8 millones), La Rioja (17,7 millones) o Ceuta y Melilla, 3,6 y 3,3 millones, al frente de las que también hay un gobierno popular.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero ya advirtió que el Gobierno mantendrá sus previsiones y presentará los Presupuestos para el 2019. En ese caso, el Ejecutivo tendrá que hacer «un pequeño ajuste de los ingresos tributarios». Si no se pueden obtener mayores recursos por la vía de la mayor capacidad de margen de gasto que permite Bruselas, habrá que buscar los ingresos «de otra manera», afirmó .

Hacienda sostiene que la afectación para las cuentas estatales es de solo una décima del PIB, es decir, unos 1.200 millones sobre un total de más de 125.000 millones. De hecho, el techo de gasto, en vez de experimentar un aumento del 4,4%, como planteaba el Gobierno, crecerá el 3,4%.

El castigo mayor es para las comunidades autónomas y la Seguridad Social, que se embolsan el 80% del mayor margen de gasto establecido para este año. Todo ello si el Gobierno no logra convencer a los grupos parlamentarios con la misma propuesta de déficit.