«La necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales, llevó a los responsables de la Junta a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos», sostiene el fallo.
El ‘caso ERE’ supuso un fraude multimillonario muy superior al de la trama ‘Gürtel’, por la que fue condenado el PP, pero no hay blanqueo, ni financiación ilegal del PSOE, a diferencia de la sentencia que hizo caer al Gobierno de Mariano Rajoy.
El nuevo procedimiento de pago sin control permitió que intrusos fueran prejubilados en los expedientes de regulación de las empresas sin haber trabajado nunca en ellas, entre ellos amigos y vecinos de alguno de los condenados.
El veredicto reprocha que el Gobierno andaluz conocía la «patente» y «palmaria ilegalidad» de las ayudas sociolaborales que concedió con «absoluta falta de control» entre el 2000 y el 2009, y que beneficiaron a casi 200 empresas, pero no a los trabajadores.
La sentencia concluye que la Junta instauró en el año 2000 un «sistema fraudulento» para conceder subvenciones directas a empresas en crisis y pagar el coste que suponían los ERE, y que supuso un gasto de 680 millones de euros durante una década.
