La Fiscalía General del Estado anunció ayer que la inspección fiscal abrirá actuaciones para comprobar determinadas informaciones publicadas que apuntan a una posible relación personal existente entre el fiscal del caso Tándem Ignacio Stampa y una de las abogadas que intervenían en esta causa como acusación popular por Podemos. En una nota se recuerda que el 14 de febrero la inspección fiscal ya abrió un expediente para determinar la imparcialidad de este fiscal, pero se archivó esta investigación «al no tenerse constancia de la existencia de vínculos causantes del deber de abstención del fiscal, cuya inobservancia pudiera ser constitutiva, en su caso, de una infracción disciplinaria».

Las nuevas actuaciones se abren después de que El Confidencial y El Mundo publicaran conversaciones en un chat privado de abogados de Podemos el que una de las letradas comenta que los fiscales del caso Villarejo van a «ayudarles» en la causa.

Ayer se desveló otra conversación del grupo de Telegram que la letrada Marta Flor tenía con sus compañeros del equipo jurídico, en la que informa que el fiscal le ha comunicado «extraoficialmente, porque está secreto» que el juez había admitido unas «diligencias sin concretar nada más» y que «imagina» que son las que «ellos (fiscales) apoyaron».

La abogada Marta Flor ya no representa al vicepresidente Pablo Iglesias en el caso Villarejo, tal y como se ha podido constatar en el recurso de apelación presentado contra la decisión del juez García Castellón de retirarle su condición de perjudicado en la pieza Dina. El magistrado alertó de un «conflicto de intereses» porque Flor también defiende a la exasesora de Podemos.

De hecho, esta exasesora, Dina Bousselham, también ha presentado un recurso en el que pide que se revoque la decisión del juez de retirar a Pablo Iglesias la condición de perjudicado en la pieza 10 del caso Villarejo, que investiga el robo de su teléfono móvil y la publicación de parte de su contenido en medios.