La Abogacía del Estado ha presentado en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid un escrito en el que pide al magistrado José Yusty que archive su procedimiento abierto contra la decisión del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO con fuentes gubernamentales.

De este modo, la Abogacía -que ya había recusado a este magistrado que suspendió cautelarmente la licencia de obra- mueve ficha tras la decisión del Tribunal Supremo

EL SUPREMO MARCA LA PAUTA

En la sentencia en la que dio vía libre a la exhumación de Franco, el alto tribunal, aunque no podía dirigirse directamente al juez Yusty, marca la pauta de cuál debe ser su resolución, explica Ángeles Vázquez. El fallo señalaba que en ningún momento se infringe la legalidad urbanística porque el traslado de los restos no supone una obra mayor, según el proyecto presentado por Patrimonio Nacional, ni contradice las normas subsidiarias del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que ha informado favorablemente la exhumación desde el punto de vista urbanístico.

Además, la obra, al ser acordada por el Consejo de Ministros, no necesita licencia municipal. El alto tribunal incluso añadía que no existía irregularidad desde la perspectiva de sanidad mortuoria, visto el informe de la Comunidad de Madrid.

De ahí que una vez que la Abogacía del Estado le ha comunicado oficialmente la sentencia del alto tribunal, el titular del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Madrid no tenga más opciones que proceder a archivar sus actuaciones para adecuarla a la resolución ya dictada por el tribunal superior, en este caso, cúspide del sistema judicial español.