En un momento en el que, al menos en el mundo político, parece que nada tiene más importancia que el relato, los 47 abogados habituales de etarras, a los que se acusaba de pertenecer a la organización terrorista al constituir el «frente de cárceles» o «frente de makos», lo han dado por perdido. O han renunciado a demostrar que su labor se limitaba únicamente a defender a los presos de ETA dentro del legítimo ejercicio del derecho de defensa. Ayer, uno a uno desfilaron ante el tribunal de la Audiencia Nacional que les ha juzgado para admitir, como sostenían las acusaciones, que actuaron bajo las directrices de la banda terrorista para garantizar la cohesión y fidelidad a la banda del colectivo de presos tras el cese definitivo de la actividad armada en octubre del 2011.

A cambio del reconocimiento de su pertenencia a ETA, los letrados aceptaron penas mínimas que sin antecedentes no les harán ingresar en prisión o que ya han cumplido con el tiempo que pasaron como presos preventivos.

Tal es el caso de Arantza Zulueta y Jon Enparantza, que por el delito de pertenencia a organización terrorista en grado de «dirigentes» aceptaron las penas más altas: tres años y medio, y dos años y siete meses de cárcel, respectivamente. Ambos, que también cumplirán un año de libertad vigilada, se enfrentaban a una petición fiscal de 14 años de cárcel. A todos los acusados se les ha impuesto también una pena de inhabilitación absoluta de entre tres y cinco años.

Para llegar a este acuerdo, los abogados, entre los que está el exsenador Iñaki Goioaga y la concejal en Pamplona por Bildu, Amaia Izko, debían admitir todos los hechos recogidos en el escrito de acusación fiscal, en el que se relata cómo se rechazaba a los presos que querían beneficiarse de permisos, según la legalidad penitenciara, para mejorar su situación, con el objetivo de evitar que ello desmovilizara al resto. Los abogados estaban integrados en una estructura que dependía de ETA y era la banda la que definía las líneas generales de la defensa jurídica de los presos, al mismo tiempo que era informada de lo que pensaba cada uno de ellos.

En el «frente de cárceles» de ETA se agrupaban varias organizaciones que trabajaban a favor de los presos y huidos de la banda terrorista: el colectivo de abogados, la organización de apoyo a presos Herrira (sucesora de Askatasuna), la asociación de asistencia sanitaria Jaiki Hadi o la de familiares de reclusos Etxerat. Fue desarticulado en varias operaciones policiales Jaque, Mate y Pastor, entre enero del 2014 y marzo del 2015, según informa Europa Press.

BUENO PARA TODOS / Amaia Izko señaló que al aceptar el acuerdo su voluntad ha sido que «queden en el pasado ciertas fórmulas» y contribuir «a que se abran verdaderas vías de soluciones». La abogada de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) en este procedimiento, Carmen Ladrón de Guevara, calificó de «logro importante» en términos «jurídicos y de relato» que se declarase en una resolución judicial que el «frente de makos» estaba supeditado a ETA, informa Efe.

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, dijo que el pacto refleja que «el trabajo de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha sido un trabajo serio, firme, durante muchos años, diciendo que ETA era algo más que los comandos operativos».