El que fuera secretario general de la Mesa del Parlament, Pere Sol, y el letrado mayor, Albert Bayona, han declarado este miércoles en el Tribunal Superior de Justícia de Catauña (TSJC) que elaboraron por propia iniciativa un breve informe jurídico leído en pasado 26 de julio en el pleno del Parlament antes de la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que abre la puerta a una hoja de ruta unilateral hacia la independencia. El texto recordaba la advertencia "expresa" del Tribunal Constitucional de que la Mesa tenía la obligación de impedir cualquier iniciativa que desoyera las resoluciones del alto tribunal y su deber de velar para que no se vulnerara la Carta Magna.
Los dos juristas han comparecido como testigos por la querella presentada por la fiscalía contra la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell. La magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret, que les ha tomado declaración, está investigando a la presidenta del Parlament por presunta prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), al haber permitido la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del 'procés'.
El letrado mayor, Albert Bayona, emitió un informe jurídico el 15 de diciembre del 2015, encargado por la misma Mesa del Parlament a raíz de la sentencia en la que el Constitucional anuló la declaración de ruptura que la cámara aprobó el 9 de noviembre del 2015, en la que advertía a los diputados de que debían abstenerse de desarrollar el proyecto político unilateral rechazado por el alto tribunal.
Este primer dictamen fue la base del texto, firmado esta vez por Bayona y Sol, que se leyó en el pleno antes de votarse la resolución independentista. Fuentes judiciales han asegurado que la declaración de los dos testigos ha sido muy técnica y que han explicado el funcionamiento de la Mesa de la Cámara catalana. Los dos han reconocido que son los autores del escrito que se leyó antes de la votación y que fue registrado minutos antes. Lo hicieron porque intuían que la cámara podría debatir las conclusiones de la comisión del proceso constituyente, aunque no hicieron valoración sobre como se debía proceder ante este debate.
La magistrada instructora del caso ha sometido a los testigos a un intenso y minucioso interrogatorio. En las declaraciones han participado el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada; el teniente fiscal, Francisco Bañeras, y el abogado de Forcadell, Andrés Van den Eynde.
LA RENUNCIA
Pere Sol comunicó el pasado 29 de septiembre su renuncia al cargo de secretario general de la Mesa del Parlament "por motivos personales y familiares". De hecho, se hizo pública su decisión al día siguiente de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciara su intención de convocar un referéndum de independencia, con o sin aval del Estado. Sobre este aspecto, no se le ha preguntado en su declaración.
Forcadell está citada a declarar como investigada (antes imputada) el próximo 16 de diciembre. La presidenta recurrió la decisión de admitir la querella contra ella alegando que "ninguna ley puede prohibir el debate parlamentario ni el debate de ideas". Pero elTSJC rechazó esa alegación argumentando que el proceso penal en su contra "no se inicia por ningún debate de ideas, ni, menos aún, por ningún tipo de expresiones proferidas" por la presidenta del Parlament.
La Fiscalía Superior de Cataluña acusa en su querella a la presidenta del Parlament de "actuar con total desprecio a la Constitución de 1978" y "dinamitar el modelo territorial del Estado" por permitir la votación el pasado 26 de julio de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.
EL ARDID PARA PERMITIR LA VOTACIÓN
La querella sostiene que Forcadell actuó "dinamitando el sistema de distribución de competencias establecido en el modelo territorial del Estado" y buscando "la derogación por la vía de hecho de la Constitución". E incide que con su actuación pretendía "su abierta y deliberada derogación", por lo que, mediante "un ardid" acordó someter a votación unas conclusiones "con cabal conciencia de que impulsaba un trámite constitucionalmente ilegítimo, viciado de raíz por falta absoluta de competencia".
Además, califica su actuación de "extravagante" respecto a las funciones parlamentarias que tiene encomendadas y considera que el acuerdo votado "implica un expreso rechazo a la fuerza de obligar de la Constitución misma".
