Los Comités de Defensa del Referèndum (CDR) nacieron de manera espontánea entre los miles de ciudadanos que, advertidos de que los Mossos iban a ir, el 1-O, de madrugada, a los colegios electorales a requisar urnas se organizaron para pasar la noche en dichos locales. Tras el referéndum, la R mudó a República. Y hoy, seis meses después, y gracias al aumento del número de sus acciones, están en boca de todos. Acciones estas que se basan en los principios de la resistencia pasiva, como cortar grandes vías y levantar peajes. Un pacifismo que en absoluto evita, por supuesto, las molestias y enfados de los mortales que estos días circulaban por las autopistas afectadas y que vieron demorados sus trayectos.
Las protestas (como el levantamiento ayer barreras durante una hora en el peaje Sitges-Castelldefels de la C-32 o en la AP-7 en Tarragona ) son, además, utilizadas por los partidos constitucionalistas para demostrar la existencia de violencia en la raíz del secesionismo. Las referencias en las que se comparan estas protestas con la llamada kale borroka frecuentaron el pasado semana y este lunes. El término, huelga decir, no es neutro. Kale borroka remite a las algaradas, disturbios y violencia callejera que frecuentaron las calles de Euskadi por parte de individuos que, en algunos casos, dieron el paso, después, a la banda terrorista ETA.
POSIBLE REBELIÓN / En un engranaje perfecto, la fiscalía de la Audiencia Nacional anunció ayer que actuará contra «las intolerables actuaciones» que «vienen desarrollando» los CDR. En una nota advertía de que iniciará «investigaciones penales de todo tipo para llevar ante la justicia a los autores y promotores de estos vandálicos actos, que ponen en peligro no solo la paz pública y el orden constitucional, sino la misma esencia del sistema democrático». La fiscalía entiende que puede haber indicios de rebelión, malversación y otros delitos contra el orden público.
Todo ello en un contexto en el que los principales partidos del independentismo, PDECat y ERC, apuestan por un repliegue para ensanchar la base y por evitar que haya situaciones que puedan ser «manipuladas en su favor» por el constitucionalismo. ¿Ensancha mucho la base retener a cientos o miles de personas en una autopista?
Los partidos asisten desde detrás de las cortinas a la acción de los CDR. Públicamente evitan toda censura explícita, aunque les recuerdan los límites: «Las acciones deben ser pacíficas», dicen todos incluido el propio Carles Puigdemont desde la prisión alemana en donde espera que la fiscalía decida sobre la petición de extradición. Y es que existe el temor de que la visión constitucionalista de estas protestas se haga con el imaginario internacional y pueda repercutir en la defensa de los presos.
Fuera de micrófono, los independentistas, muestran cierta ambivalencia. Defienden las acciones, por cuanto las callifican de pacíficas, pero ven matices. «A favor de levantar las barreras, en contra de cortar las vías», razona una voz de uno de estos partidos, para quién los efectos de las protestas deberían de ceñirse exclusivamente en las cuentas de las grandes empresas y no en las de los usuarios (frecuentemente cautivos) de las autopistas.
«A mí, personalmente no me gustan estas acciones, pero si se mueven en el marco de la resistencia pasiva y la protesta pacífica, no hay nada qué decir», apunta otra. «El problema es que no actúan estratégicamente, sino tácticamente». Que traducido significa que la propia idiosincrasia de los CDR, como comités autónomos sin vinculación entre ellos, propicia que se centren en el planteamiento y ejecución de las acciones, pero no en perseguir un determinado objetivo. O evitar que sea utilizado por otros, que si gozan de esa visión estratégica.
REACCIONES / Albert Rivera reclamó ayer al Gobierno que actúe e incremente las medidas de seguridad en Cataluña ante los «comandos separatistas violentos».
Rivera no fue el único ha sido el único político que ayer señaló a los CDR. El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, asegurado que los CDR le «recuerdan» a la kale borroka, y responsabilizó a los Mossos de no impedir los «altercados» que estos grupos llevando a cabo en Cataluña.
A estas voces se unió también el PSC. Su secretario de Organización, Salvador Illa, reclamó a los Mossos d’Esquadra que eviten que los CDR sigan levantando barreras de peajes y advirtió de que si no se pone «coto» a este tipo de «actos insurreccionales» se podría producir un «enfrentamiento civil» en Cataluña.
