El abogado Víctor Valladares, en representación de la Asociación contra la Gestión de Coronavirus (AGC), ha pedido a la jueza Carmen Rodríguez-Medel que llame a declarar en calidad de investigado al presidente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES), Fernando Simón, al que acusa de los delitos de desobediencia (artículo 410 del Código Penal) y también de denegación de auxilio por parte de la Administración (artículo 412). Esta acusación popular es la que ha originado la causa que se instruye contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no prohibir la manifestación del 8 de marzo en Madrid,
El escrito destaca la condición de funcionario de Simón y su retribución como director del CCAES (26.405,82 euros) y hace alusión a las «contradicciones» en sus comparecencias públicas que, a su juicio, han puesto «en peligro la salud pública de todos los españoles». Entre esas contradicciones, cita la obligación de llevar mascarillas y la falta de información veraz del número de fallecidos. Simón, anoche, afirmó que él no ha recibido ninguna petición desde los juzgados.
