La declaración de Francisco Correa durante las primeras sesiones del juicio de la primera época de la 'Gürtel', la comprendida entre 1999 y el 2005, ha producido una reacción en cadena. El principal acusado de la trama de corrupción que afecta de lleno al PP no ha tenido reparos en explicar cómo se repartían las comisiones pagadas por empresarios y que todo apunta a que también contribuyeron a la financiación irregular del partido. Las acusaciones lo han aprovechado para solicitar la reapertura de la causa en la que se investiga la caja b de Partido Popular, y que declaren, entre otros, los constructores Juan Miguel Villar Mir y Alfonso García Pozuelo.

Ambos estuvieron imputados en el caso en el que se ha investigado la contabilidad paralela que el extesorero del PP Luis Bárcenasllevó durante años, pero el procedimiento se sobreseyó respecto a todos los empresarios que aparecían como donantes del partido. La acusación que ejerce Izquierda Unida en el caso de los 'papeles de Bárcenas' considera que tanto el presidente de OHL como el deConstructora Hispánica cometieron los delitos de asociación ilícita, alteración de precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y contra la Hacienda pública. La causa está pendiente de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fije fecha para celebrar el juicio.

La acusación que ejerce IU basa su petición en la declaración que García Pozuelo y el propio Correa ofrecieron durante las primeras sesiones del juicio de la 'Gürtel', así como en una información del diario 'El Mundo' en la que se informa de que el expresidente balearJaume Matas había ofrecido a la Fiscalía Anticorrupcióninformación relativa a que Javier Arenas organizó una reunión en la sede nacional del partido de la calle Génova con el extesorero del PPÁlvaro Lapuerta para que se adjudicara a OHL la reforma de un hospital en las islas. Ello cuadra con el dato de que Bárcenas apuntara "JM Villar Mir 180.000 euros" en el 2006. Considera que todos ellos son hechos nuevos que permiten solicitar la reapertura de las actuaciones, con la nueva imputación de los empresarios y la declaración de Matas y de Correa como testigos.

La acusación que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa(Adade), que está personado tanto en el 'caso Gürtel' como en el de los 'papeles de Bárcenas', añade a la imputación de Villar Mir y García Pozuelo en este último caso la de los demás empresarios a los que identificó Correa, cuando admitió repartos de comisiones del 3% por obras adjudicadas.

LOS INTERMEDIARIOS

"Los hechos de nueva noticia conocidos a raíz de la declaración del acusado García Pozuelo se han visto enormemente reforzados por las declaraciones en igual sede de Correa, que ha detallado que, a propuesta de Bárcenas, intermedió con grandes empresas contratistas de la administración para lograr adjudicaciones a favor de las mismas, a cambio de comisiones que repartió con una persona que intermediaba ante las mismas, Placido Vázquez, y con el propio Bárcenas y el Partido Popular", afirma el escrito presentado este martes en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

Bárcenas gestionaba las peticiones ante los ministerios de Medio Ambiente y Fomento, y una vez lograda la adjudicación, recibía el pago en metálico por parte de la empresa. Correa citó a OHL, ACS, Dragados y Degremont, como las empresas que recurrían a esta intermediación, aunque las dos primeras lo han negado y han anunciado querellas contra el acusado por calumnias.

Adade recuerda que en la contabilidad b del partido aparece que Sacyr Vallehermoso, vinculado a Villar Mir, entregó 530.000 euros al PP entre 2004 y 2008; Rafael Palencia, presidente de Degremont Iberia, 134.113; y García Pozuelo, 258.161. Por ello, solicita que todos ellos, así como Plácido Vázquez, Correa y Bárcenas declaren como investigados en esta causa.