La ausencia de Felipe VI en la entrega de despachos de los jueces ha puesto sobre la mesa una parte del trabajo discreto y rutinario que la Zarzuela y el Gobierno hacen para elaborar la agenda del Rey. Para este reportaje han sido consultados varios trabajadores y altos cargos ya retirados de esas dos instituciones que saben cómo se ha gestionado este asunto en las últimas décadas.

Lo primero que destacan esas fuentes, que no quieren aparecer con nombres y apellidos, es que nunca se había escenificado un desacuerdo entre el Ejecutivo y la Casa del Rey de esta forma. Y eso que ha habido otras ocasiones en las que la Moncloa ha desaconsejado viajes o ha pedido cambios en los discursos redactados en la Zarzuela. «No se vio como un choque cuando [José María] Aznar vetó la visita a Cuba [en 1998]», afirma un alto funcionario que trabajó a las órdenes del Rey emérito y que se acuerda también de varias ocasiones en las que el Ejecutivo pidió cambiar frases de «discursos importantes» de Juan Carlos.

Normalmente, dice otro que bregó con la agenda real desde la Moncloa, el secretario general de la Presidencia o el jefe del Gabinete del presidente y el jefe de la Casa del Rey despejan estos problemas con discreción y evitando siempre que ese «roce» se conozca para que no alcance al jefe del Ejecutivo y al Monarca. «Aquí es probable que la Casa del Rey se haya visto implicada por las ganas de filtrar la información del poder judicial», añade el exempleado de la Zarzuela.

Las actividades del jefe del Estado son el resultado de las decenas de invitaciones que recibe directamente y también de los actos a los que el Ejecutivo le propone asistir para, por ejemplo, dar un espaldarazo a un sector económico en apuros. Entre las primeras, el encargado de escoger las que más convienen es el jefe de la Casa (en estos momentos, Jaime Alfonsín). La jefatura del Estado se las comunica al Gobierno (a Presidencia o al ministerio del ramo) y, «con naturalidad» y «de una manera rutinaria», añade otra persona clave de la última etapa del reinado de Juan Carlos, «toman nota» y se van cerrando actos. Además, el Ejecutivo decide qué ministro de jornada acompaña al Monarca.

Cualquier acto del Rey es refrendado por el Gobierno, no solo con la luz verde que en esta ocasión no le dio al acto de los jueces, sino con la presencia de un miembro del Ejecutivo a su lado.

Sin una explicación completa y oficial de por qué Felipe VI no podía acudir a la ceremonia de Barcelona, un exalto cargo del Ministerio del Interior señala que ni cuando «ETA estaba fuerte y activa» se llegó a anular un acto por motivos de seguridad.

«Cuando había algo políticamente sensible, lo hablábamos y lo consesuábamos. La comunicación entre las dos instituciones siempre fue fluida», sostiene el antiguo colaborador del emérito.

Sin embargo parece que en la actualidad, como poco, ha habido interferencias entre estas dos instituciones. H