Cinco años después de iniciada la investigación y apenas a un año de que deba concluirse, la trama Púnica ha arrollado a Esperanza Aguirre de tal manera que ha pasado a convertirse en la cabecilla de una red corrupta que hasta ahora parecía capitaneada por Francisco Granados, exsecretario general del PP madrileño.

El magistrado Manuel García-Castellón ha reorganizado la cima de la pirámide de responsabilidades de este caso al atribuir en sus resoluciones a la expresidenta madrileña el conocimiento y control de la caja b del PP de Madrid e imputarla en la causa por todo el muestrario de delitos de corrupción: cohecho, malversación, falsificación, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral.

Según el juez, es «difícil imaginar» y de «todo punto imposible» que ignorara que «los gastos de las campañas autonómicas del 2007 y 2011 y las generales del 2008, por sus dimensiones escénicas y de medios» no excedían «los costes legalmente autorizables, algo que era fácilmente perceptible». Y tenía que conocer «la contabilidad en B que llevaba quien fuese su mano derecha y gerente del PPCM, Beltrán Gutiérrez».

«Los diversos artificios que utilizó el PPCM desde las autonómicas del año 2007 para sufragar los gastos de los proveedores de las campañas no es verosímil que ocurriesen sin su conocimiento y consentimiento», al ser presidenta del PP madrileño entre 2004 y 2016 y presidenta regional, de 2003 a 2012. Para ello contó con Beltrán, pero también con Ignacio González -el expresidente madrileño, principal imputado del caso Lezo- y Granados, considerado cabecilla de Púnica, porque el caso estalló al conocerse la fortuna que guardaba en Suiza, gracias a las comisiones que cobraba, por ejemplo, por la construcción de colegios concertados.

Según el juez, el protagonismo que adquirieron González y Granados «en la estructura fue alentado aún más por Aguirre cuando separó la Consejería de Presidencia de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno». De la primera se ocupó Granados y de la segunda, González. Ambos se repartían «las empresas públicas para dejar en sus manos las que manejaban mayor presupuesto y eficacia en la recaudación».

Aguirre controlaba así «el desvío continuado de fondos públicos utilizando los contratos de las Consejerías de Transportes y de Presidencia, por medio de las subvenciones públicas concedidas a Fundescam (2007-2011) y en los últimos tiempos, siendo todavía presidenta de la Comunidad, a través de las contrataciones de las empresas públicas ICM y Canal de Isabel II (2011-2014)».

Para el juez, el plan ideado por la flamante imputada, en connivencia con González, Granados y el empresario Horacio Mercado, «incluía en los pliegos de los contratos que se licitarían desde algunas Consejerías una cláusula que obligaba a la empresa contratista a abonar hasta un 1% del presupuesto para publicidad de la obra adjudicada, como forma de desviar fondos». El juez cifra en 5 millones la cantidad desviada con contratos de ocho consejerías entre 2006 y 2008.