«En Andalucía hay un Aquarius cada fin de semana», lamentaba esta semana el director general de Save The Children España, Andrés Conde. La llegada del buque de Sos Mediterraneé pone en evidencia cómo el sistema de acogida a inmigrantes es insuficiente por la falta de recursos de un modelo basado en la represión y el ingreso en unos CIE considerados cárceles opacas. Un sufrimiento, dice, «inútil», ya que solo uno de cada tres internos es expulsado o devuelto a su país. Por eso, son muchas las oenegés que se suman al llamamiento de Conde para que este caso excepcional sirva para «introducir un nuevo paradigma en términos de acogida, recepción e integración» en la UE. «Hoy por hoy los países del Sur están enfrentando el problema y los del Norte lo contemplan como si no fuera con ellos», resume.

La gestión de la inmigración es uno de los retos del nuevo ejecutivo socialista, pese a que en anteriores etapas en el Gobierno tampoco variaron las bases del modelo. Los números hablan por sí solos. 28.572 inmigrantes eligieron España en el 2017 para entrar de forma irregular, frente a los 14.558 de 2016. Aumentaron los marroquís y argelinos, y también los menores no acompañados, que hicieron de las costas andaluzas la primera parada en su camino a un futuro mejor que creen les aguarda en el norte del país o en Centroeuropa. Y este año, solo hasta el 10 de junio la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) había contabilizado 9.315 personas.

Fronteras y derechos

«La gestión de las fronteras dejando a un lado los derechos humanos, cuando no atacándolos directamente, ha sido constante desde hace mucho», reprocha Carlos Arce, de la Asociación Pro-derechos Humanos de Andalucía. «No solo es falta de previsión, sino también la inadecuada aplicación de las normas». Se refiere a la ley de extranjería, que establece que los centros de internamiento, los tristemente famosos CIE, son solo una de las medidas cautelares que se pueden aplicar con los migrantes para asegurar su expulsión o devolución por una simple falta administrativa, cargo al que se enfrentan por la entrada irregular.

Sin embargo, pese a la escasez de plazas en los siete centros existentes, este internamiento se adopta por sistema, excepto con los solicitantes de asilo, quienes necesitan recursos de acogida humanitaria o víctimas de trata. Unas 8.814 personas fueron internadas en el 2017, en su mayoría a la espera del procedimiento de devolución, pero 4.284 fueron puestas en libertad por falta de identificación, primera causa de salida del CIE. Los datos señalan además que en el 2017 se dictaron 20.672 órdenes de devolución, de las que solo ejecutaron 5.272. La fórmula se revela pues ineficaz. Según datos de la Fiscalía General del Estado en el 2016, solo el 29% de los migrantes internados son expulsados.

Repunte de llegadas

«Es insistir en un modelo que además de no respetar los derechos humanos, no funciona», señala Arce. El repunte de llegadas se registra desde el 2012, de ahí que las oenegés critiquen la falta de previsión de la administración y que en vez de tomar las riendas para afrontar el fenómeno migratorio «se tomen atajos», abandonando a los migrantes en la calle, acomodándoles en instalaciones deportivas… Todas las asociaciones coinciden en el régimen similar o peor al carcelario de los CIE, y el Defensor del Pueblo reprocha las deficiencias de las instalaciones, de la atención jurídica, social y médica. «Son cárceles opacas donde se encierra, en condiciones nefastas e insalubres, a personas que no han cometido delito alguno, a la espera de una expulsión que, en muchos casos, no llega», recoge la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura en su informe anual.