La Fiscalía Anticorrupción no tiene duda alguna de que el expresidente madrileño Ignacio González debe seguir en prisión por el 'caso Lezo'. Entre los argumentos que utiliza para oponerse al último recurso presentado por la defensa para intentar que la cárcel sea sustituida por arresto domiciliario figuran "las relaciones personales, políticas y societarias" de las que se valió el imputado para haber "depredado el patrimonio público".

Estas relaciones, que trascienden a múltiples sectores de la sociedad y tienen implantación internacional, se suman a la "capacidad inusitada" que ha demostrado el político del PP "para protegerse frente a la instrucción judicial", lo que hace necesario que permanezca en prisión. Así se conjura no solo el riesgo de fuga, sino también el de destrucción de pruebas.

Para oponerse al argumento de la defensa relativo a que no dispone de "medios económicos en el extranjero" que le permitan la huida, el fiscal Anticorrupción Carlos Yáñez recuerda que el secreto de las actuaciones se ha levantado parcialmente, pero ya se sabe que realizó inversiones destinadas a blanquear dinero que "constituyen un indicio claro de que el investigado maneja una cantidad ingente de fondos de origen delictivo".

"De las actuaciones resultan indicios objetivos de que González y su entorno disponen de capacidad económica y operativa en España y en el extranjero, lo que puede sin duda facilitar la huida del mismo a una jurisdicción internacional que sea poco receptiva a la cooperación judicial", añade.

PETICIONES ILEGALES

El fiscal Yáñez rechaza la pretensión de González de que la situación de prisión en la que se encuentra desde el pasado 21 de abril le sea sustituida por un arresto domiciliario, medida que, recuerda, que solo está prevista "por razón de enfermedad cuando el internamiento entrañe grave peligro para la salud".

Y respecto a las alternativas, consistentes en la intervención de las comunicaciones, señala que se trata de una medida "tan inútil como ilegal", puesto que no sirven de nada escuchas en las que los que hablan saben que están siendo vigilados y porque la intervención de conversaciones nunca puede ser utilizada para "controlar a una persona en el sentido propuesto por el recurrente".

De ahí, que en su opinión el auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón del pasado 28 de julio que mantiene en prisión a González cumpla con todos los requisitos de motivación exigidos por el Tribunal Constitucional para acordar semejante medida. El fiscal también se remite al primer auto de prisión, dictado por el entonces juez instructor, Eloy Velasco, y el de la Sala de lo Penal que ya confirmó la necesidad de que el expresidente madrileño permanezca encarcelado.