La fiscalía anticorrupción solicita 11 años de prisión y 10 de inhabilitación para Juan Cotino por la gestionar "de facto" la contratación de los actos de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en el 2006. El ministerio publico sostiene que el que fuera consejero de Agricultura de la Generalitat valenciana y director general de la policía colaboró de manera "esencial" con el grupo que dirigía Francisco Correa, jefe de la trama Gürtel, que se apropió de 7,8 millones de euros de fondos públicos con esta visita. El fiscal reclama a Cotino la devolución de un chaquetón que Correa le regaló por un importe de 375 euros.

Esta es una de las piezas separadas del caso Gürtel. Y el fiscal insiste en que Correa contó con la colaboración de "funcionarios, cargos públicos y políticos" que posibilitaron "que obtuviera contratos de administraciones públicas en beneficio de sus empresas". Esta red de influencias "se extendió", según el informe de Anticorrupción, "a Comunidades y municipios gobernados por el PP debido a la estrecha relación que mantenía con cargos y miembros de este partido".

Además, decidió ampliar su red a València donde "mantenía vínculos privilegiados con políticos con los que conformaría la rama valencia del Grupo Correa". Entre ellos destaca Cotino que "impulsó" la contratación de los actos de la visita del Papa para que fueran adjudicados a empresas de Correa como la contratación de pantallas gigantes y los servicios de megafonia y vídeo "para que los asistentes vieran al Papa durante su recorrido".

El entonces conseller se reunió en varias ocasiones con el jefe de la red Gürtel para que la Fundación de la Comunidad Valenciana V encuentro mundial de la Familia (que se montó ad hoc para esta visita papal) otorgara "la adjudicación total, llave en mano" de todos los contratos relacionados con estas actividades a Correa.

Sin embargo, finalmente la red decidió que fuera la Radio Televisión valenciana la que asumiera el pago después de que Camps, cuatro meses antes de la creación de la fundación, nombrara aPedro García Gimeno director general del ente. Este "mantenía estrechos contactos con Álvaro Pérez, responsable del grupo Correa en València" y, según el fiscal "accedió a este cargo para adecuarlo a las necesidades del grupo Correa".

Los gastos para el ente se elevaron a 7,4 millones de euros y Cotino "vulneró de forma consciente" la normativa de la contratación pública con esta adjudicación. De este dinero, 3,3 millones pasaron a manos de Correa, su mano derecha, Pablo Crespo, el asesor del grupo, José Ramón Blanco Balín, y García Gimeno que recurrieron a todo tipo de subterfugios para ocultar este dinero desde facturas falsas, falsos servicios de asesoramiento o pagos de gastos personales.

El fiscal acusa a los 24 imputados por una ristra de delitos desde asociación ilícita, prevaricación, cohecho, delitos fiscales y malversación de caudales públicos.

Rus de nuevo imputado por contratos falsos

El juez del ‘caso Imelsa’, que investiga un presunto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana, ha abierto otra pieza separada en la causa en la que imputa a Alfonso Rus por las supuestas contrataciones ficticias de la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de València que presidió.

El magistrado investiga a 15 empleados que cobraban de Imelsa sin trabajar y a otras 8 personas que percibieron indemnizaciones “innecesarias” y “arbitrarias” a costa del erario público.

El togado imputa a Rus y a otras 27 personas por prevaricación administrativa, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental. Entre ellas, al empresario José Adolfo Vedri, que presuntamente recibió 30 millones de euros en adjudicaciones del PP, por su participación en la supuesta contratación de dos de sus trabajadores cuyo sueldo costeaba Imelsa. También se contrató así, supuestamente, a un jugador del Olimpic de Xàtiva, equipo de fútbol presidido por Rus.