L a Fiscalía Anticorrupción ha regresado de las vacaciones estivales con energías renovadas y, antes de que se abra formalmente el año judicial, este lunes, ha solicitado al juez de la Audiencia Manuel García-Castellón que reactive la investigación del presunto espionaje sufrido por el extesorero del PP Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados con la imputación de dos nombres destacados del partido, confirmaron fuentes jurídicas.
Se trata del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y de la exministra de Defensa y exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que justo dejó la política en el 2018 al trascender las conversaciones con su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y el excomisario José Manuel Villarejo.
La petición de citación, adelantada por Eldiario.es , se produce en la pieza Kitchen , en la que también está imputado Francisco Martínez, número dos de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, como secretario de Estado de Seguridad. Todavía no ha accedido a declarar ante el magistrado, pese a haber sido citado ya en varias ocasiones, amparándose en que la causa está secreta y ello le impide conocer los indicios existentes en su contra. Precisamente, otro de los imputados en esta pieza del caso Tándem , en el que se investigan las cloacas policiales, el excomisario Enrique García Castaño, el Gordo , dijo haberle entregado a él un pendrive con teléfonos clonados de Bárcenas.
En esta pieza del caso por el que está en prisión Villarejo también figura como investigado Sergio Ríos, quien ejerció de chófer de Bárcenas en el 2013, cuando la vivienda del extesorero fue asaltada con su mujer, su hijo y una asistenta dentro. El comisario Andrés Gómez Gordo, quien trabajó para María Dolores de Cospedal cuando fue presidenta de Castilla-La Mancha, fue a quien Ríos identificó como la persona que le ofreció participar en el dispositivo.
Con Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía admitió en un informe remitido a la Audiencia Nacional que sostenía que en la operación Kitchen participaron «funcionarios adscritos» entre los años 2013 y 2015 a «la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, así como a la Comisaría General de Información». También constaba «la utilización de colaboradores o informadores, alguno de los cuales recibía una remuneración periódica a cambio de la información facilitada».
En este sentido, el chófer de Bárcenas fue captado por el comisario Gómez Gordo a razón de 2.000 euros al mes de los fondos reservados durante los dos años que se mantuvo el operativo, recoge Europa Press. H
