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Anticorrupción rechaza que Díaz testifique en el ‘caso ERE’

También se opone a acusar de asociación ilícita a Chaves y Griñán

 

EFE
16/01/2018

La Fiscalía Anticorrupción se opuso ayer a citar como testigo a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en el juicio de la pieza política del caso ERE contra sus antecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a que se les pueda acusar a estos de asociación ilícita, ambas peticiones del PP andaluz.

En la jornada de ayer, las acusaciones y defensas en el juicio contra 22 exaltos cargos de la Junta han replicado a las cuestiones previas planteadas por la parte contraria la semana pasada, tras lo cual el tribunal ha suspendido la vista hasta el 12 de febrero para estudiar todas las peticiones.

La semana pasada, la acusación popular del PP pidió incluir 31 nuevos testigos, entre ellos Susana Díaz, su vicepresidente Manuel Jiménez Barrios; y la exconsejera y actual senadora Mar Moreno, que fue investigada en la causa pero el Supremo la archivó para ella. En el caso de Díaz, el PP justificó que testifique por su «amplio conocimiento de los hechos» mostrado en sus comparecencias públicas, así como porque durante su mandato como consejera de la Presidencia (de junio del 2012 a septiembre del 2013) era la responsable del Gabinete Jurídico y en esa época se dictó el decreto-ley de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral «que vino a convalidar en parte las subvenciones otorgadas».

Sin embargo, la Fiscalía considera que «no procede» que Díaz testifique porque el decreto era competencia de la Consejería de Empleo y porque el gabinete jurídico dependió de ella en fecha posterior a los hechos que se juzgan. También porque respecto a los servicios jurídicos de la Junta, la Fiscalía ha impugnado expresamente que testifiquen sus abogados, que se personaron como acusación particular aunque luego pidieron el archivo reservándose la petición de responsabilidades civiles.

Por contra, sí apoya que declaren Jiménez Barrios y Mar Moreno. El Ministerio Público ha apoyado también una petición de las defensas a la que se sumó la acusación popular de Manos Limpias: que a los procesados solo se les acuse de prevaricación y, en su caso, malversación, pero no de asociación ilícita, un delito que únicamente les atribuye el PP.

Las defensas alegaron que es una «acusación sorpresiva» que no se planteó en la instrucción y ello vulnera su derecho a la defensa. Las réplicas de las defensas a las cuestiones previas planteadas por las acusaciones se han centrado en rechazar la petición del fiscal al tribunal de la sección primera de la Audiencia de Sevilla para que confirme que aquí se juzga solo la creación del «procedimiento específico» con el que durante una década la Junta dio 850 millones en ayudas «sin control» y de forma «arbitraria», con «expresa exclusión» de juzgar la concesión y pago de la ayuda.