El Juzgado de Instrución número 38 de Madrid ha archivado la causa penal abierta por la presunta venta irregular en el 2013 de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo a un fondo buitre por parte del Ayuntamiento de Madrid, cuando era alcaldesa Ana Botella. El archivo de este procedimiento es totalmente independiente de la multa de 22,7 millones de euros que le impuso el Tribunal de Cuentas junto a parte de su equipo por la responsabilidad contable en la que incurrió en la operación.
Tanto el abogado del PSOE como la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS recurrirán la decisión del juzgado madrileño, para tratar de revocar el archivo del procedimiento en el que se investigaban delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
El juez concluye que el ayuntamiento acordó la venta «para solventar una angustiosa situación económica». «Para ello se llevó un proceso que con todas sus irregularidades formales, menores, respetó esencialmente los principios de publicidad, libre acceso y competencia adjudicando finalmente lo ofertado al grupo o empresas cuyas condiciones se consideraron, razonadamente, más ventajosas», determina el auto.
El pasado diciembre, el Tribunal de Cuentas condenó a Botella y a los que fueron concejales en su equipo de gobierno por la venta de 18 promociones de viviendas de la EMVS al grupo societario Fidere. La sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas cifró en casi 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó a la EMVS. «La enajenación se hizo por un precio inferior al valor mínimo posible que cabía atribuir a los inmuebles vendidos, lo que supuso un quebranto en el patrimonio público», sentenció.
Ante lo aparentemente contradictorio de los dos decisiones, el juez afirma en su auto de archivo que «no todo lo sancionable en otros ámbitos lo es en el ámbito de lo penal», y recuerda un auto que concluía que «nada puede oponerse a la venta de inmuebles por mucho que fueran de protección pública».
