"Lo archivaron a las bravas por orden del Gobierno", asegura Leopoldo Torres, el abogado de la familia de José Couso, el cámara de Telecinco que murió en Bagdad (Irak) el 8 de abril del 2003 tras el ataque de los militares norteamericanos al Hotel Palestina donde se alojaba la prensa internacional. En el ataque tambien falleció el reportero ucraniano de la agencia Reuters Taras Protsyuk. Este domingo se ha convocado, como cada año, una nueva concentración ante la embajada de Estados Unidos en Madrid bajo el lema "solo nos queda vencer".

La Audiencia Nacional archivó este caso el pasado año tras la reforma exprés de la ley de Justicia Universal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, Torres, lejos de aquietarse, ha presentado un recurso contra este cierre ante el Tribunal Supremo.

Fuentes del alto tribunal, no obstante, han adelantado que esta demanda tiene pocas posibilidades de prosperar. Y que el pleno de la sala penal acordó que solo se pueden investigar estos casos si los imputados se encuentran en España. Este criterio lo estableció al rechazar otro recurso presentado por el archivo del caso Tibet.

"NO ME RINDO"

El Tribunal Constitucional (TC) aún no ha admitido a trámite la demanda presentada contra la decisión del Supremo en el caso Tibet, pero Torres no duda en acudir a esta sede judicial cuando el Supremo le comunique previsiblemente que rechaza su demanda. No obstante, el abogado sospecha que tampoco lograra que el TC le de la razón por lo que se reserva para el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. "No me rindo", afirma.

En su demanda ante el Tribunal Supremo explica que este cierre "ha favorecido la impunidad" lo que ha provocado "una auténtica denegación de la justicia". Y es que "se cambia la ley a mitad de camino", explica.

VULNERACIÓN DE DERECHOS

Una opinión compartida por el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, que sostiene que la reforma de Rajoy afecta al derecho a la tutela judicial efectiva. "Se les ha dicho (a los familiares de las víctimas) que tienen derecho a la justicia y ahora no", subraya. Y es que los cambios legales han supuesto el cierre de practicamente todos los casos que se tramitaban por delitos de lesa humanidad, salvo el del jesuita Ignacio Ellacuría que fue asesinado en 1989 en El Salvador junto a otros cinco religiosos y dos mujeres.

Ricardo de Prada también considera que la reforma de la Justicia Universal establece unos límites para su investigación que "no son razonables" porque infringen los convenios de Ginebra.Además, considera que dejan "completamente desprotegidos a los ciudadanos españoles frente a crímenes internacionales".

LOS ARGUMENTOS DEL ARCHIVO

El juez Santiago Pedraz trabajó intensamente para intentar que fueron juzgados los militares norteamericanos Thomas Gibson,Philip Worford y Philip De Camp por los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Sin embargo, tuvo que tirar la toalla tras la decisión del Supremo en el caso Tibet, cuando los jueces establecieron que la legislación nacional prevalece sobre los convenios internacionales. Y admitió que solo podría seguir con este caso si los militares procesados viajaban a España. Una posibilidad remota porque como sentenció un funcionario del departamento de Estado de Estados Unidos "antes se congelará el infierno" a que se sienten en el banquillo estos militares.

En el auto de archivo (ratificado después por la sala penal de la Audiencia Nacional) Pedraz lamentó que se deje "impune" esta muerte. "El flexo no se mantendrá encendido", sentenció al dictar el archivo.