El Gobierno reconoce su preocupación por la resistencia del relato independentista en la opinión pública internacional que sostiene que España es un Estado represor, a pesar del esfuerzo desplegado en múltiples frentes por los socialistas para contrarrestar lo que consideran una leyenda negra. Fuentes gubernamentales consideran que el Ejecutivo ha conseguido revertir en estos meses al frente de la Moncloa el argumentario secesionista en el seno de los gobiernos de países aliados, que cierran filas con Pedro Sánchez y defienden que los españoles gozan de una democracia plena, pero admiten que no han conseguido frenar el ideario separatista en otros actores poderosos como medios de comunicación y líderes de opinión.
Es desde este análisis que el Gobierno explica los goles que les ha metido el separatismo catalán esta semana: el comunicado de 46 senadores franceses denunciando la represión contra líderes independentistas y la entrevista en la que el ministro de Exteriores, Josep Borrell, se marcha indignado denunciando que el entrevistador miente a favor de la causa secesionista. "Bastante paciencia tuve", se defendió más tarde.
Fuentes gubernamentales subrayan que el caso de los senadores el Gobierno francés "salió en tromba a favor de la unidad de España y sostienen que el comunicado eran más bien opiniones individuales de políticos, muchos de los cuales, intuyen, ya no firmarían. El Ejecutivo galo, insisten, salió de inmediato a respaldar a Sánchez. La entrevista de Borrell, sostienen en la Moncloa, indica que el centro del problema trasciende las relaciones entre los estados.
FIRMEZA FRENTE A LO "INADMISIBLE"
Estamos preocupados, muy preocupados. Nos preguntan esto en viajes internacionales, como si no hubiese democracia en España, no me extraña que Borrell haya estallado, explica un miembro del Gobierno.
Desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros la portavoz, Isabel Celaá, defendió al titular de Exteriores por su acto de firmeza ante un periodista que no preguntaba sino que interrogaba.
Fuentes gubernamentales explican que Borrell se marchó cuando llegó a la conclusión de que el entrevistador solo se hacia eco de las tesis contrarias al Gobierno de España, cualquiera que fuese la materia, pero especialmente sobre la situación en Catalunya y el juicio contra los líderes independentistas.
La Moncloa considera que existe manipulación y una intensa campaña de desinformación que tienen como receptores algunos medios de comunicación europeos con planteamientos inadmisibles.
La secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, admite a este diario la preocupación por la difusión de fake news que propagan una represión ficticia. La creciente desinformación es un hecho que nos inquieta como amenaza para las democracias más avanzadas. Le sucede a España y le sucede a toda la UE. Hasta Bruselas ha puesto bajo su radar este fenómeno. El secesionismo más radical lleva seis años desinformando, insistiendo en que Catalunya es un pueblo oprimido, pero silenciando al mismo tiempo a más de un 52% de su propia sociedad que no es independentista. O explicando bajo todo lujo de detalles las escenas más dramáticas del 1-O sin pronunciarse sobre el 6 y el 7 de septiembre, cuando la coalición proruptura aprobó las leyes de desconexión y suspendió el Estatut y la Constitución, dejando sin derechos a media Catalunya, lamenta.
Lozano admite preocupación hasta cierto punto e insiste en que argumentos como los de los presos políticos calan mucho menos de lo que ellos mismos desearían. Pone como ejemplo los puestos que ocupa España en índices independientes: democracia plena, según The Economist; uno de los países más libres del mundo, con 94 puntos sobre 100, para Freedom House; o uno de los estados de derecho más avanzados, según The World Justice Proyect.
INCERTIDUMBRE POLÍTICA
El Gobierno confirmó este viernes que mantendrá el control reforzado sobre las cuentas de la Generalitat sine die. Fuentes del ministerio de Hacienda esgrimen que continúa una situación de incertidumbre política en Catalunya que desaconseja que se revierta una fiscalización que obliga a al Govern a informar mensualmente al Ejecutivo estatal del destino de cada uno de sus gastos.
No se trata de que hagan un gesto, sino de que vemos no tienen ninguna voluntad de revertir la situación, indican fuentes gubernamentales.
