Hubo dilaciones exasperantes. Hubo silencios indescifrables. Y hubo, también, una gestión de los tiempos que levanta suspicacias al quien se detenga a indagar pero, a pesar de tener tanto en contra, la comisión de investigación que pondrá lupa a la ‘Operación Cataluña’ echó a rodar este jueves en el Congreso con toda la oposición determinada a escrutar si se derivan responsabilidades políticas.

Fue solo el primer paso de una comisión en la que está todo por decidir, incluso el nombre de los dirigentes políticos que serán llamados a dar explicaciones sobre el presunto uso indebido de la policía para atacar a los adversarios políticos del PP. ERC y elPDECat ya han anunciado que, además del extitular de Interior,Jorge Fernández-Díaz, requerirán la comparecencia, también, del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; de su jefe de Gabinete,Jorge Moragas; y de la presidenta de los populares catalanes, Alicia Sánchez-Camacho. Unidos Podemos, representados en la comisión por el ‘comú’ Xavier Domènech, se inclinarían a votar a favor de estas peticiones, aunque la decisión definitiva no se tomará hasta el próximo 21 de marzo. Ese martes, tras el pleno, los portavoces se reunirán para aprobar el plan de trabajo, esto es, las listas de los llamados a comparecer, la calendarización de dichas intervenciones, y la documentación que solicitan. El objetivo es fijar unas conclusiones en un máximo de tres meses.

El estado de salud de Fernández-Díaz dificulta que pueda comparecer, pero los grupos de la oposición consideran que, más allá de sus declaraciones, es posible esclarecer la ‘Operación Cataluña’ con otros testimonios y pruebas documentales.

¿Se podrán seguir los trabajos de esta comisión? Depende. El reglamento del Congreso establece en sus artículos 64, 52 y 44 que las sesiones “no serán públicas”. El presidente, Mikel Legarda (PNV) confirmó este jueves que habrá partes abiertas y otras que no lo serán, dependiendo de la decisión colegiada del órgano. La Mesa de la comisión carece de mayorías que en principio puedan actuar como bloqueo. Además de Legarda, hay un miembro de cada uno de los partidos mayoritarios: PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos.

Entre tanto, la oposición exige llegar hasta el fondo de la investigación. "Han de explicar cómo es posible que un ministro se dedique a remover las cloacas del Estado", exigió Mercè Perea, portavoz del PSC. El líder de En Comú Podem, Xavier Domènech, calificó la actuación del ministerio del Interior como el "Watergate español".Gabriel Rufián, de ERC, advirtió que su partido será "lo más duro posible" en la investigación. "Tengo la esperanza de que la gente que nunca pasa vergüenza, la pase", señaló. Sergi Miquel, portavoz del PDCat en la comisión, se mostró dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para determinar si los nombres que están sobre la mesa actuaron como “lobos solitarios” o recibieron órdenes de una cadena de mando.