La Audiencia Nacional decidió ayer, por ocho votos a favor y siete en contra, apartar al juez José Ricardo de Prada del juicio sobre la caja B del PP al entender que su imparcialidad ha quedado comprometida por haberse pronunciado ya sobre las cuentas opacas del partido en la sentencia de la primera época de la trama Gürtel. Esta es la cuarta recusación que admite el pleno en esta causa, tras apartar en su día por posible afinidad con el PP a la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, y a Enrique López (actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid), del juicio a la primera época de la red corrupta y del de la caja B, del que también tuvo que salir por el mismo motivo el magistrado Juan Pablo González, actual presidente de la Audiencia Provincial de Madrid.

Los magistrados se limitaron a votar los dictámenes elaborados por los instructores de ambas recusaciones, por lo que solo se conoció el resultado de la votación del pleno, que en el caso de la recusación relativa al juicio de la caja B fue muy ajustado. En los próximos días, la sala emitirá los autos con los argumentos en los que se ha sustentado la decisión, que provocará que un nuevo magistrado deba ser designado para sustituir a De Prada en el tribunal que juzgará la caja B, pendiente de señalamiento desde que fuera elevado a la sala en el 2015, y que integran otros dos magistrados: María Riera y Ángel Hurtado, que será el ponente, y que juzgó junto a De Prada y Julio de Diego la primera época de la Gürtel (1999-2005).

El PP y su extesorero Luis Bárcenas recusaron a De Prada, de tendencia progresista, por considerarlo parcial para juzgar ese procedimiento tras haberse pronunciado respecto de la existencia de la caja B en la primera sentencia contra la trama. En ese fallo, que dio pie a la moción de censura que llevó al Gobierno al PSOE de Pedro Sánchez y que contó con el voto particular discrepante de Hurtado, los otros dos magistrados declaraban «plenamente acreditada esa contabilidad B» en el partido y dudaron de la credibilidad del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy al negar su existencia cuando declaró como testigo en el juicio.

En la causa de la caja B, también conocida como el de los papeles de Bárcenas, están acusados el extesorero del PP (que se enfrenta una petición fiscal de cinco años de prisión) y el exgerente del partido Cristóbal Páez (18 meses de cárcel), así como el PP en calidad de responsable civil subsidiario. A la formación se le reclamó una fianza de 1,2 millones de euros.