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La Audiencia cita a Puigdemont y al destituido Govern mañana

La jueza da tres días a los cesados para que abonen una fianza de 6,2 millones . Forcadell y la Mesa del Parlamento declararán al mismo tiempo en el Supremo

 

ÁNGELES VÁZQUEZ mediterraneo@elperiodico.com MADRID
01/11/2017

La Fiscalía pidió que los 20 exdirigentes de la Generalitat contra los que se querelló por rebelión, al menos sedición y malversación fueran citados «con carácter urgente». Y tanto la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela como el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena lo han hecho. Mañana y el viernes tanto el expresidente Carles Puigdemont y los otros 13 miembros del depuesto Gobierno catalán como la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa de la Cámara comparecerán ante ambos, los primeros en la Audiencia y los segundos en el alto tribunal.

La magistrada, que ya tenía abierta una causa por sedición contra el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, a los que envió a prisión, se ha declarado competente para investigar la querella que le ha correspondido de las dos presentadas por la Fiscalía. Su primera diligencia ha sido citar los 14 exmiembros del Govern, como investigados, para tomarles declaración y celebrar la vistilla en la que se adoptarán medidas cautelares.

De momento, ya les ha fijado una fianza solidaria de responsabilidad civil de 6.207.450 euros que deberán depositar en el plazo de tres días con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes si no la hacen efectiva. Esta cantidad también será compartida con los querellados en el Tribunal Supremo.

En línea con la querella fiscal, la jueza ha ordenado incorporar a la causa las copias de diferentes acuerdos adoptados por el Parlament en los últimos meses, así como los últimos decretos del Gobierno catalán en relación con el proceso secesionista. El auto de admisión explica que la actuación de los querellados se dirigía a proclamar una República catalana independiente de España y así romper la organización territorial del Estado, lo que permite encajar la rebelión entre los delitos contra la forma de Gobierno de España, y por tanto su investigación corresponde a la Audiencia Nacional.

Tras recordar que la admisión a trámite no supone un acto de imputación judicial formal, la magistrada afirma que del relato del fiscal se desprende que los querellados «urdieron una estrategia de la que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Òmnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el parlamento el pasado 27 de octubre».

Según Lamela, en la querella del fiscal se exponen de manera «seria, racional y lógica los motivos que llevan al ministerio fiscal a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión que absorbería los de sedición, desobediencia y prevaricación», sin perjuicio de la calificación jurídica que pueda otorgarse.

La magistrada incorpora la querella a la causa donde ya investigaba por sedición a los presidentes de ANC y Òmnium, teniendo en cuenta que los hechos hasta ahora investigados «se encuadran dentro de todo el proceso secesionista que se describe en el escrito de querella».

Por otra parte, el Tribunal Constitución (TC) dejó ayer en suspenso la declaración de independencia de Cataluña aprobada el viernes pasado por el Parlament, al admitir a trámite el incidente de ejecución presentado por la Abogacía del Estado. «Los efectos de esta suspensión tienen carácter absoluto desde el momento de la adopción de las resoluciones impugnadas».