La investigación de la financiación ilegal de Convergencia Democrática (CDC), destapada en el caso 3%, será investigada desde ahora por la Audiencia Nacional, según un auto emitido el pasado 18 de abril. En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, se considera que los hechos investigados «podrían constituir» delitos de financiación ilegal de partido político, blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración, alteración de precios en concursos y subastas públicas, tráfico de influencias y falsedad en documentos mercantiles.

El magistrado José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, ha aceptado recibir el caso del juzgado nº 1 de El Vendrell (Tarragona), después de que este se inhibiera, porque se trata, afirma en su auto, de «una conducta sistemática, estructural y organizada de manipulación de la contratación pública a gran escala (…) a lo largo de muchos años con participación de un partido político de gobierno (CDC), fundaciones (Catdem y Forum) y múltiples instituciones públicas (Generalitat de Cataluña, Ayuntamiento de Barcelona, Autoridad Portuaria, distintos municipios catalanes…), junto a decenas de empresas de ámbito nacional y autonómico”.

El caso del 3% investiga el pago de constructoras de dinero para Convergencia Democrática a cambio de conseguir obra pública. El principal imputado en el caso es Germà Gordó, que fuera gerente del partido y miembro del Gobierno de Artur Mas.

Según recoge el auto judicial, se investigan 24 contratos de obras por un valor total de unos 175 millones de. Las «donaciones» irregulares para Convergencia «ligadas a esas adjudicaciones ascienden a más de un millón de euros». El juez De la Mata afirma en su escrito que las obras eran asignadas «torticeramente a cambio de donaciones para el partido político CDC y de prebendas personales para los actores participantes». El magistrado destaca «la envergadura de la operativa» de CDC y concluye que «la economía nacional se pudo ver alterada por el volumen de contratación que quedó fuera de las reglas de derecho y la justa y libre competencia».