N o hay cola. Ninguna comunidad autónoma se ha tirado en plancha para reclamar para sus territorios un estado de alarma total o parcial. Era casi lo esperado. Un gesto más discursivo que real en el Gobierno –porque sigue descargando la responsabilidad de la gestión del coronavirus en las autonomías– que fue rechazado de plano por las del PP y acogido con indiferencia, cuando no recelo, entre las del PSOE.

Los populares ya habían avanzado su negativa al poco de que Pedro Sánchez invitara a las comunidades a pedir la alarma si lo consideran necesario para frenar los rebrotes, porque en ese caso contarán con el aval de la mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo. Pablo Casado acusó al presidente de «escabullirse» en las autonomías para no actuar.

A partir de ese guion, sobrevino la cascada de rechazos. «No podemos tener un Gobierno que renuncie a liderar la respuesta jurídica, legal, para gestionar la pandemia», señaló el barón gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien anticipó que enviará al Ejecutivo una propuesta para cambiar las leyes vigentes y se evite la alarma. A ese plan Sánchez ya replicó el martes: no faltan más reformas legales, porque el ordenamiento basta y porque toda privación de libertades debe ser refrendada por el Parlamento o por un juez.

Madrid, la región donde crecen sin parar los contagios (1.513 en las últimas 24 horas) y que sufre ya la mayor presión asistencial de toda España, tampoco prevé recurrir a la alarma, el camino que señaló el juez que tumbó la orden de prohibir fumar en la calle y que cerraba el ocio nocturno. Pero la puerta no está del todo cerrada. La salida que plantea el Ejecutivo autonómico es la de confinamientos puntuales y la restricción de la «movilidad insegura», en palabras del vicepresidente Ignacio Aguado, de Cs.

Y más chaparrón de críticas del PP: la oferta es una «irresponsabilidad» para la Junta de Andalucía, y un «echarse a un lado» de Sánchez, para el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que demanda una herramienta «eficaz».

Del rechazo del PP a la postura difusa del Govern catalán. Quim Torra afirma que está estudiando la letra pequeña de la propuesta. Es decir, no se cierra a aplicarla.

Entre las comunidades socialistas, la oposición frontal la protagonizó el aragonés Javier Lambán: la alarma es la «solución fácil», pero luego el virus «rebrota y, mientras, se ha asfixiado la economía y el empleo».

Otro barón lejano a Ferraz, el castellanomanchego Emiliano García-Page, apuntó que tampoco baraja la alarma: no le ve sentido tirar de esa herramienta sin limitar la «movilidad entre regiones». En su caso, le afecta el trasiego de ciudadanos con Madrid.

«Si es necesario, lo acabarán pidiendo», auguran en la Moncloa, donde no se cierra la puerta a asumir el control. Sería, analizan, una jugada ganadora para Sánchez: actuar cuando las autonomías se niegan. En el equipo de Sánchez recuerdan que «son otros [el PP] quienes han estigmatizado la alarma» y han hecho un «uso político» de ella.

La oferta del estado de alarma no ha convencido a las comunidades autónomas, pero sí la puesta a disposición de 2.000 militares para labores de rastreo. Murcia ha sido la primera comunidad en pedirlos: necesita 60 efectivos. También Galicia se ha mostrado interesada y ha demandado concreción. Extremadura o Navarra no descartan la colaboración de las Fuerzas Armadas. H