A tres días de la primera reunión bilateral Generalitat-Estado, que tendrá lugar el miércoles tras siete años de parálisis, las posiciones continúan encontradas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha vuelto a considerar que la solución al conflicto político pasa por someter a votación un «acuerdo político», con un esfuerzo previo para lograr un «consenso amplio que represente al 80% o al 100% de la voluntad de la sociedad», tal y como aseguró en una entrevista publicada ayer por La Vanguardia.

La ministra subraya que «nuestro marco constitucional no permite la celebración de un referéndum de autodeterminación». Y recalca que espera que «la Generalitat responda a la defensa de los intereses de toda la ciudadanía y no abandone sus responsabilidades».

Respecto a la Comisión Bilateral del próximo miércoles, Batet admite que «pueden salir elementos positivos, como dar continuidad a los trabajos en las comisiones mixtas previstas en el mismo Estatut y crear grupos de trabajo para tirar adelante acuerdos que pueden fructificar los próximos meses», por ello confía en que futuras comisiones bilaterales «sirvan para cerrar acuerdos».

«DESOBEDIENCIA» / Sin embargo, tras la advertencia del sábado de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez de que el tiempo de negociación para resolver la crisis catalana se acaba tras el verano, ayer fue el diputado de ERC Joan Tardà quien marcó el paso al presidente del Gobierno. A través de Twitter, defendió volver a la «desobediencia» en el caso de que el Estado no atienda la reclamación, nuevamente, de un referéndum pactado.

El portavoz republicano en el Congreso se mostró «convencido» de que «ahora más que nunca» el Parlament debería volver a reclamar una consulta acordada «que satisfaga a todas las partes». Tardà amenazó con volver a la unilateralidad si el Gobierno socialista no cambia de posición. «Si no negociaran, si respondieran como en el 2014 negando el diálogo, de nuevo desobediencia», tuiteó el portavoz de ERC.

Se refería el diputado a la propuesta de referéndum que Marta Rovira (ERC), Jordi Turull (entonces, en nombre de CiU) y Joan Herrera (ICV) llevaron al Congreso, el 8 de abril del 2014. «La negativa de PP y PSOE a dialogar el qué y el cómo nos obligaron a desobedecer y a autodeterminarnos el 1-O», señaló ayer Tardà.

Muy diferente es la opinión del nuevo presidente del PP, Pablo Casado, que siguió ayer, desde Ávila, con su encendido discurso remontándose al Estatut para asegurar que «nunca se tuvo que haber aprobado». Fue, dijo, «un auténtico bodrio jurídico».

En una visita a la circunscripción por la que resultó elegido diputado nacional, Casado comentó a los periodistas que le «preocupa» la advertencia de Puigdemont porque, a su juicio, esas palabras significan que había «algo debajo de la mesa» que se desconoce.

BLOQUEO DE TV-3 / Por otro lado, la reunión de la Comisión Bilateral llega además en un ambiente tenso entre los socios independentistas del Govern. La disputa entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana a cuenta de la suspensión o no de Carles Puigdemont como diputado ha facilitado que sus partidarios bloqueen el pacto que alcanzaron para la investidura, consistente, entre otros, en ceder a ERC la presidencia de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y la dirección de TV-3. Por lo que JxCat mantendrá el control y no lo cede a ERC.