Las expectativas de reformar la ley que regula las elecciones (Ley Orgánica de Régimen Electoral Ganeral, Loreg) han estado viajando a la deriva, arrastradas por una corriente que mezcla desidia, desborde de trabajo y cierto filibusterismo parlamentario. Aunque todos los grupos aplauden en público la necesidad de reforma, en la práctica PP y PSOE, mimados por el sistema actual, se toman su tiempo, reclaman análisis y dan largas a las ansias renovadoras de Unidos Podemos y Ciudadanos, que exigen una ley electoral equitativa. El líder de los naranjas, Albert Rivera, le ha exigido a Mariano Rajoy que haya una propuesta formal antes del 30 de junio. De hecho, el Congreso se había dado un primer plazo para estudiar este asunto hasta diciembre y, en la última sesión parlamentaria del año, decidió ampliarlo seis meses, lo que significa que hay plazo hasta julio o septiembre para llegar a alguna conclusión -enero y agosto son meses inhábiles en Cortes- o volver a pedir prórroga.

Pero tras nueve meses desde que el Congreso aprobase la subcomisión para abordar la actualización de una ley electoral diseñada en la Transición para favorecer el bipartidismo, los grupos apenas han arañado un consenso inicial en mejorar los procesos de sufragio desde el extranjero (voto rogado) y ni siquiera se han abordado los aspectos de mayor calado, donde las posiciones entre los viejos partidos y los nuevos son casi antagónicas: proporcionalidad del voto para que las papeletas valgan igual en cualquier circunscripción, financiación de campaña y desbloqueo de listas electorales.

'Cancerberos' del sistema

Para Podemos y C’s resulta fundamental pisar el acelerador y que dé tiempo a reformar los temas nucleares con realismo: es decir, sin tocar la Constitución para no eternizar el debate. "Ahora toca hincar el diente a grandes cuestiones, pero el PP actúa como cancerbero y creo que el PSOE no está entendiendo la importancia de la reforma y que para ellos este sistema dejará de ser tan beneficioso", opina Íñigo Errejón, portavoz podemista en la subcomisión.

C’s tiene visión similar. "Se han reducido las expectativas. Nosotros y Podemos estamos poniendo toda la carne en el asador pidiendo que se aceleren los ritmos, pero el PP y el PSOE van al trantrán. Con ese plan nuestras expectativas se han reducido", coincide, con pesimismo, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Prendes.

El PSOE despeja balones y asegura que dicha reforma es "prioritaria" y que se ha "ido dilatando por mil motivos". Su representante, Mertitxell Batet, señala que la voluntad de su grupo es hacer "una reflexión a fondo". Admite la dificultad de llegar a acuerdos y sugiere que se avance hasta donde se pueda en los próximos seis meses. Todo lo consensuado, plantea, se podría empaquetar en una proposición de ley. A Podemos y C’s no se les escapa que, como se decidió comenzar por lo menos espinoso, el planteamiento socialista impediría abordar a tiempo cambios medulares de la ley electoral: un sistema más proporcional de voto en el que todos compitan en iguales condiciones.

Proporcionalidad en el voto

Los nuevos partidos piden que el peso del voto sea el mismo en todo el Estado, para que no valga más en las zonas de escasa población y menos en grandes urbes. El sistema actual beneficia a los partidos autonómicos y castiga a las formaciones con electorado concentrado en ciudades. Recogiendo esa preocupación, la plataforma por un Voto Igual, compareció en la subcomisión y lamentó que la Loreg favorezca casos como el de un PNV sobrerepresentado, frente a un Partido Animalista (PACMA) que no logra diputado a pesar de tener el mismo respaldo en votos.

Subsanar esa desviación modificando la circunscripción electoral (que ahora es la provincia) implicaría una reforma de la Constitución. Para evitar tocar la Carta Magna, Podemos propone aumentar de 350 a 400 el número de diputados (con sueldo menor). Se pasaría de asignar 2 diputados por provincia a solo uno, y el resto se fijaría proporcionalmente a la población hasta 350. Los 50 restantes se elegirían agrupando los restos de votos que quedan sueltos y que ahora no se traducen en escaños.

Cláusula ‘antiCarmena’

Los conservadores, el grupo más reacio a esta reforma, rechaza tal posibilidad. Exigen, en cambio, lo que se ha venido a denominar la ‘Cláusula antiCarmena’, para que los ayuntamientos sean gobernados por la lista más votada en lugar de coaliciones como la pactada en Madrid, que permitió a las fuerzas progresistas arrebatar en 2015 el Ayuntamiento a Esperanza Aguirre (PP).

Financiación

El otro caballo de batalla de Podemos es que se modifique la financiación de las campañas. "Debemos evitar que unos compitan con un trailer y otros con bicicleta", plantea Errejón. No hay ni atisbo de acuerdo tampoco en esto. La propuesta de concentrar todas las papeletas en un único envío a los electores para reducir el gasto de 'mailing' es rechazada por populares y socialistas que prefieren enviar sus propuestas "diferenciadas".

Debates obligatorios

Los partidos parecen dispuestos, sí, a regular los debates electorales para que sean obligatorios. Pero ahí empiezan las dudas. El popular José Antonio Bermúdez de Castro no cree que lo idóneo sea debatir con todos los candidatos. Errejón propone que haya dos obligatorios y al menos uno en RTVE. Opina que debe ser la Junta Electoral Central quien decida a qué formaciones se invita y que el formato sea consensuado con las otras cadenas que deseen emitirlo.

Por el momento, sus señorías se han ido de vacaciones de Navidad sin siquiera diseñar un plan de trabajo para los próximos seis meses.