Apenas un mes antes de que Pedro Sánchez perdiera la investidura fallida del pasado julio, España superó la trágica cifra de 1.000 asesinadas por violencia machista desde que esta lacra se contabiliza en estadísticas oficiales. Un vergonzante récord que ha venido acompañado de meses funestos: 50 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año, la peor cifra desde el 2011. Y el número podría ampliarse con dos nuevas víctimas esta semana, que oficialmente aún no han entrado en el registro. A esto hay que añadir el aumento del número de violaciones, muchas de ellas en grupo. Ante esta situación, las organizaciones de mujeres han declarado la emergencia feminista y, defraudadas con los partidos porque los meses de bloqueo político, exigen medidas urgentes, en un escenario en el que el mensaje negacionista de Vox consideran que está relacionado con el aumento de los ataques machistas.

En la última legislatura de Mariano Rajoy todos los partidos llegaron a un acuerdo histórico, el pacto de Estado contra la violencia de género, que incluye más de 200 medidas y una dotación presupuestaria de 200 millones al año. El PP renqueó en su puesta en marcha y el Gobierno del PSOE aprobó por decreto tres medidas urgentes: que las víctimas no tengan que denunciar para pedir las ayudas, devolver las competencias a los ayuntamientos y que los menores puedan recibir ayuda psicológica sin el permiso del padre maltratador. Asimismo, se aprobó mejorar la formación en igualdad de los jueces, las pensiones de orfandad y se han afinado los cuestionarios policiales para definir mejor el riesgo que sufren las denunciantes o sus hijos.

Según el último recuento, hasta el pasado mayo se habían puesto en marcha un 25% de las propuestas pero aún falta el 75%, entre ellas las medidas legislativas de calado, como la reforma de la ley para dar cabida a todas las víctimas del machismo, aunque el agresor no sea la pareja o expareja, o la aprobación de una ley específica contra las violaciones y otra contra la trata.

El bloqueo

Los meses de bloqueo político han dificultado su puesta en marcha y si, tras las elecciones, los partidos no llegan a un acuerdo rápido, se estarán perdiendo meses fundamentales en los que las víctimas precisan de medidas consensuadas, pero que no logran ver la luz. Y no se puede perder de vista que buena parte de las leyes, da igual la temática, requieren de meses, si no años, de discusiones, enmienda por enmienda, en las Cortes.

Los principales partidos, salvo Vox, llevan en sus programas electorales la necesidad de impulsar el pacto de Estado. Podemos y Más País coinciden, además, en el compromiso de aprobar un plan dotado con 600 millones contra las violencias machistas, junto con medidas originales como otorgar una prestación económica de 900 euros durante seis meses a las víctimas (en el caso de Pablo Iglesias) o la retrasmisión al 50% de equipos masculinos o femeninos en RTVE (Iñigo Errejón).

Además, hay coincidencia, entre la izquierda y el PSOE en la reformar el Código Penal para que en violaciones el consentimiento de la víctima sea clave, en aprobar leyes contra las agresiones sexuales y la trata de mujeres y en luchar contra las brechas en el ámbito laboral. Si bien, los socialistas quieren abolir la prostitución y los partidos herederos del 15-M no, porque algunas de sus corrientes apuestan por regularla.

El peligro de Vox

Si Sánchez vuelve a ganar y pacta con PP y Cs, también hay grandes consensos, aunque el partido naranja defiende la gestación subrogada y el PSOE abjura de esta práctica, con lo que difícilmente se autorizará en España. El mayor problema llegaría, según las organizaciones feministas, si la derecha consigue formar Gobierno y precisa del apoyo de Vox, como ha ocurrido en Andalucía y otras autonomías. La ultraderecha podría exigir derogar las leyes contra la violencia de género y el aborto, con su ideario a favor de la presunción de inocencia de los hombres y de fomento de la natalidad a toda costa, y los pasos atrás, avisan las asociaciones de mujeres, serían claros.

En la erradicación del machismo a medio y largo plazo, la educación juega un papel fundamental. A este respecto, solo los programas de PSOE, Podemos y Más País incluyen la necesidad de introducir una educación afectivo sexual igualitaria en los centros educativos.