Franjas blancas en mitad de los carteles de la carretera atestiguan la pelea que se libró por el nombre de Águeda (Salamanca). Un fallo judicial de marzo de 2107 obligó al Ayuntamiento a quitarse el apellido del Caudillo. Pero ahora se redobla la vinculación con Franco de esta pedanía de Ciudad Rodrigo, cerca de Portugal.

El alcalde, Germán Florindo -cuatro años del PSOE, 16 del PP, otros dos del PSOE y hoy en el grupo mixto-, quiere traerse los restos del dictador cuando salgan del Valle de los Caídos. «Cuatro constructoras de aquí harían el mausoleo gratis, y dos funerarias lo transportarían sin cobrar», cuenta.

Florindo ha pensado dos emplazamientos para la tumba, «que sería un mausoleo en condiciones». El centro del pueblo, una plaza cuadrada entre parterres y arquerías blancas, o una granítica cruz de los caídos junto a la iglesia, que inauguró el propio Franco.

La razón para la oferta es, dice el alcalde, que «Franco nos dio este pueblo tan bonito, en el que se vive tan bien». En 1954, el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario construyó Águeda como aldea de colonización para familias numerosas y necesitadas. Y dio 80 metros de casa, 400 de patio, cuatro hectáreas de regadío y dos vacas a cada colono.

El abuelo de Florindo fue uno de ellos. «Franco también hizo cosas malas, pero no le tengo por un dictador, porque gracias a él hay democracia», piensa el alcalde. Cree que su proyecto «sería una fuente de ingresos y turismo». Entre los 109 vecinos de la pedanía solo se oye alguna pequeña disensión: «Germán, pa’qué quieres traerte a ese, joder».

«Yo no soy de izquierdas ni de derechas», proclama el edil -empleado de una farmacia- mientras muestra viejas placas franquistas que guarda como un tesoro. Si las quitó fue porque el juez le amenazaba con una multa. Para acreditar que va en serio, contactó con Francis Franco, nieto del general. «Gracias. Se tendrá en cuenta», le contestó. Ahora Florindo quiere ir al Valle de los Caídos y verse con el abad.

El alcalde hace su defensa del franquismo en un enclave de la Memoria Histórica. La vecina Ciudad Rodrigo, de cuyo consistorio depende Águeda, albergó cinco cárceles de republicanos en 1936, y de allí sacaron los paseadores a mucha gente camino de descampados o del cementerio. Entre ellos, el alcalde y varios concejales. Y entre esos ediles, Joaquín Gaite, catedrático de instituto, amigo de Unamuno y tío de la escritora Carmen Martín Gaite.

El franquismo residual se arremolina en rincones de Salamanca. Lo saben bien Luisa Vicente y Felipe Sánchez, maestra y administrativo jubilados, activistas de la asociación Salamanca Memoria y Justicia (SMJ) que han documentado la matanza en los archivos de 362 pueblos salmantinos. Precisamente Ciudad Rodrigo fue el último en darles acceso.

De esa búsqueda se destiló una lista de 1.119 muertos. Hoy los recuerda una impresionante placa en el cementerio. Y, paradójicamente, cerca de donde hasta hace poco reposaron dos aviadores de la División Cóndor que se estrellaron cuando volvían de bombardear Gernika.

A Luisa le pasma el proyecto del alcalde de Águeda. «Si quiere traerse la momia de Franco a su casa, debería hacérselo mirar por un psicólogo», dice, y se le quiebra la voz cuando aplaude el decreto de exhumación porque le recuerda a su padre.

En octubre de 1936, Miguel de Unamuno vio a un niño de 14 años llorar en una acera de Salamanca y le preguntó qué le pasaba. El día 23 habían matado a su padre y a un hermano. Aquel niño, Luis era el padre de Luisa Vicente. Para ella, la anécdota es parte valiosa del ajuar de recuerdos familiares.

Pronto habrá que habilitar sitio para más en la lápida de los 1.119 nombres. En octubre la SMJ reabrirá con el forense Francisco Echeverría una fosa en Pedro Toro, en la Socampana (comarca) de Ciudad Rodrigo. Buscan ocho desaparecidos, entre ellos a La Gaona, una mujer a la que sus vecinos oían chillar por las ventanas de su calabozo antes de su ejecución.

De las cárceles de Ciudad Rodrigo se hacían sacas de hasta 15 desgraciados. Quedan aún muchas fosas, explica Felipe Sánchez. A los muertos que sí se registraron a menudo se les señaló con eufemismo la causa del óbito. Al alcalde de Beleña lo mataron de un tiro en la barriga: le anotaron «problemas gástricos».

La onda expansiva del decreto de exhumación de Franco llega a 377 kilómetros de La Moncloa, a Guadiana del Caudillo (Badajoz), que así sigue llamándose tras una sentencia a favor del Supremo del 2017 y el 60% de votos de una consulta local en 2012. Su alcalde, Antonio Pozo cree que su pueblo acogería a Franco, si bien no lo ha propuesto oficialmente «por no dar pie al Gobierno en su profanación de una tumba».