Los partidos de la nueva política se colocan en la misma órbita y parecen dejar atrás las asperezas, cada uno espoleado por sus propias circunstancias. Ciudadanos y Podemos han comenzado a alinearse en materia de regeneración democrática, tras el ninguneo del PPa las exigencias de Albert Rivera. La estrategia que trata de poner en valor sus respectivas fuerzas parlamentarias y reivindicar que, ya aterrizados en las instituciones, ponen frenos a las viejas formas del bipartidismo.

Esa sintonía se ha explicitado este viernes, con un principio de acuerdo, todavía verbal, entre los partidos de Rivera y Pablo Iglesias para eliminar los aforamientos políticos (diputados, senadores y miembros del Gobierno) y limitar a ocho años el mandato del presidente del Gobierno (y la posibilidad de que se aplique también a los alcaldes).

Aunque los objetivos eran compartidos, la reunión presentaba un obstáculo significativo que no invitaba al optimismo: la supresión de aforados implica una reforma de la Constitución y los podemistas exigen que, ante esa modificación, se convoque un referéndum para preguntar a la población. Los de Rivera prefieren que se haga una revisión exprés de la Carta Magna sin pasar por la consulta, pero tampoco creen que este aspecto formal algo “insalvable”.

“Para nosotros no sería un impedimento, aunque sería retrasar la reforma, pero no le vemos ningún problema”, señaló el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas tras reunirse este viernes en el Congreso con el secretario general del grupo parlamentario podemista, Chema Guijarro.

Con este alineamiento, las miradas se dirigen ahora al PSOE, a quienes ambas fuerzas aspiran a convencer par que las reformas cuenten con un consenso amplio. No ha habido todavía reunión formal con los socialistas -se concretará en los próximos días- pero en las conversaciones iniciales la primera fuerza de la oposición ha mostrado sus reticencias a que la reforma incluya un referéndum. Fuentes socialistas recuerdan que el PSOE tiene una propuesta para reformar la Carta Magna, y que por lo tanto se inclinan a acometer la reforma y, cuando esté terminada, someter el nuevo texto a la consulta ciudadana con la consiguiente convocatoria electoral.

Este procedimiento, evidentemente, es de largo recorrido, requiere un arduo trabajo para buscar consensos parlamentarios y, aunque incluyese la eliminación de aforamientos, tardaría años en cristalizar. Ciudadanos y Podemos quieren resultados algo más tangibles en lo inmediato. Los socialistas, como ya expusieron en la Comisión Constitucional del Congreso y durante los actos de celebración del Día de la Constitución, hacen suyos los temores del PP de de convocar más referéndums de los imprescindibles.

Unidos Podemos no está dispuesto a renunciar a la consulta a la ciudadanía y con sus 71 diputados tendría fuerza suficiente para, si hay reforma de la Ley Fundamental, exigir que la población lo refrende.