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EL PARTIDO NARANJA INICIARÁ CONTACTOS CON EL PSOE

C's retira su apoyo al presidente de Murcia

Iniciará contactos con el PSOE, tras la negativa a dimitir de Pedro Antonio Sánchez, imputado por el caso Auditorio

 

Pedro Antonio Sánchez. -

EFE
02/03/2017

Ciudadanos ha retirado este jueves su apoyo al PP para la gobernabilidad de la región de Murcia ante la negativa de dimitir del presidente, Pedro Antonio Sánchez, investigado en el caso Auditorio.

El secretario general de C's en Murcia, Miguel Sánchez, ha hecho este anuncio tras la reunión de una hora mantenida con Sánchez en el Palacio Aguirre de Cartagena, sede del ejecutivo murciano en la ciudad portuaria.

En este encuentro han analizado las consecuencias de que el presidente haya sido citado a declarar en calidad de investigado por elcaso Auditorio. Ciudadanos no descarta nada, ni siquiera una moción de censura.

Sánchez ha adelantado que su grupo iniciará contactos ahora con el PSOE, la segunda fuerza en el Parlamento regional, visto que el presidente "se ha enrocado y atornillado al sillón". El objetivo, ha dicho, es «buscar soluciones conjuntas a la crisis institucional más grave».

El presidente de Murcia declarará en calidad de investigado por el caso Auditorio, este lunes, día 6. Las diligencias abiertas se refieren al proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de la sobras de dicho auditorio en Puerto Lumbreras cuando Sánchez era alcalde de dicha localidad.

Unas diligencias en las que se investigan los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

 

ALTERNATIVAS
 

Ciudadanos considera que Sánchez debe dimitir por varios motivos. Por un lado, porque recuerdan que así se rubricó en el acuerdo de investidura, además de que el presidente "lo dijo de palabra" y, en tercer lugar, así se refleja en el artículo 54 de la Ley de Transparencia.

Las alternativas que se barajan ante esta situación política, que los partidos de la oposición han señalado que no se había producido en las últimas tres décadas de la historia de la democracia de Murcia, pasan por una sustitución del presidente por otro candidato desde las filas "populares", una disolución de la Asamblea Regional o una moción de censura. Además, Cs baraja denunciar al PP por incumplir la Ley de Transparencia.

Una hipotética disolución de la Asamblea Regional y la convocatoria de nuevas elecciones permitiría al actual presidente del Gobierno murciano volver a optar al cargo pero solo para una nueva legislatura corta de dos años.

Finalizado ese periodo, no podría revalidar el cargo, ya que la Ley del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región limita el mandato del Ejecutivo murciano a dos legislaturas, tras haberse modificado en 2014 por su predecesor, Alberto Garre, y el Grupo Parlamentario Popular. Una iniciativa que, en su día, se aprobó por unanimidad.

 

LAS CONDICIONES DE C'S
 

Ciudadanos puso condiciones de regeneración democrática al PP tanto nacional como regional para facilitar la gobernabilidad. En el acuerdo nacional, el PP se comprometió a expulsar de inmediato cualquier cargo público imputado por corrupción, eliminar aforamientos, aprobar una nueva ley electoral, suprimir los indultos por corrupción política, limitar los mandatos del presidente del Gobierno y crear una comisión de investigación en el Congreso para investigar la presunta financiación irregular del PP.

En el caso concreto de la Región de Murcia, el PP se comprometía a aplicar un Plan de choque en la lucha contra la corrupción y en la recuperación del prestigio de la política como una actividad de servicio a los ciudadanos.

Para concretar este punto, C's presentó en su día una propuesta de Acuerdo por la Regeneración Democrática, que PP y Pedro Antonio Sánchez asumían su cumplimiento. Se trata de separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial; responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en casos de corrupción de sus cargos públicos; apartar de cualquier cargo público o de partido a todo representante que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica.