El president de la Generalitat, Ximo Puig, criticó ayer que los últimos seis años de Gobierno de Mariano Rajoy han dejado sin invertir 2.500 millones anuales en la Comunitat Valenciana, lo que supone un total de 15.000 millones, y ha impedido la creación de 287.000 puestos de trabajo.
Por el contrario, la portavoz del PP, Isabel Bonig, puso en valor la creación de empleo del Gobierno de Rajoy y señaló que más de 1,7 millones de españoles han encontrado un puesto de trabajo desde el 2011 y eso «tiene una marca, la del PP y de Rajoy».
En Les Corts Valencianes ambos se enfrentaron sobre el bagaje que dejan los dos gobiernos populares. Lo hicieron tras una pregunta de Bonig, quien instó a Puig a exigir a Sánchez el cambio de modelo de financiación, y a defender ante el nuevo presidente «la libertad de los padres la hora de elegir la educación y lengua en la que quieren educar a sus hijos». El president defendió también la libertad «pero sin ira» y manifestó que la posición del ejecutivod e la Comunitat «la dicta el Gobierno valenciano». «Ni Génova ni Ferraz ni nada parecido», manifestó al respecto.
Puig reivindicó los avances del Consell en esta legislatura y aseguró que el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el futuro ministro de Fomento, Jose Luis Ábalos, serán «políticos honrados». El president indicó que los intereses de los valencianos están por encima de cualquier otra cuestión para su gobierno y se mostró convencido de que habrá un cambio de sensibilidad por parte del nuevo Ejecutivo para poder dialogar y acordar las mismas reivindicaciones que ha mantenido ante Rajoy.
Puig, en la sesión de control en Les Corts, afirmó que ahora la hoja de ruta del Gobierno valenciano es «intensificar la lealtad reivindicativa» pero hay un gobierno en España «con el que vamos a interlocutar mejor».
El president coincidió con el portavoz de Compromís, Fran Ferri, en que el Gobierno debería retirar los recursos de inconstitucionalidad que presentó con el PP en el poder contra varias leyes autonómicas, como la de la Función Social de la Vivienda.
Sobre esto, Bonig anunció que ha enviado una carta a Pedro Sánchez para alertarle de las 30 sentencias dictadas contra la política educativa del Consell y pedirle «que defienda la libertad educativa en la Comunitat y no disuelva la Comisión Bilateral sobre los proyectos lingüísticos de centro como exige la Generalitat».
Para la popular, el presidente del Gobierno debe saber que ya pesan numerosos «varapalos» judiciales que dicen que «el modelo de chantaje lingüístico del Consell no da libertad a los padres a la hora de elegir el modelo vehicular de sus hijos y que su política de eliminar conciertos es ilegal e incumple la Constitución y la normativa básica».
Por otra parte, Compromís y Podem mantendrán sus enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado en las inversiones que afectan a la Comunitat, mientras que el PSPV piensa que sería mejor retirarlas porque no se van a poder ejecutar las relacionadas con las infraestructuras, y cree que el reto es trabajar en las cuentas del 2019. Esta retirada centró las críticas del resto de formaciones en Les Corts.
