El caso Erial ha vuelto a poner en el ojo del huracán a las empresas de la familia del exdirector de la Policía Nacional y exvicepresidente del Gobierno valenciano Juan Cotino, envuelta en varios procesos judiciales, la mayoría de ellos vinculados con la financiación irregular del PP.

En la operación Erial han sido detenidos dos de los sobrinos del exdirector general, Vicente y José Cotino, mientras que el propio Juan Cotino declaró ayer como investigado (antes imputado). Cotino ya renunció a la presidencia de Les Corts por las adjudicaciones de la Generalitat a la empresa de su familia, Sedesa, por 830 millones de euros en una década, y por su papel en la organización de la visita del papa Benedicto XVI a València en el 2006, en la que presuntamente estuvo implicada la trama Gürtel.

Su sobrino, Vicente Cotino fue uno de los empresarios que confesó la financiación ilegal del PP en el juicio de la Gürtel para eludir la cárcel y tiene una condena por delito contra la Hacienda Pública. En esta causa, estaba acusado de pagar al expresidente de la Generalitat José Luis Olivas 500.000 euros por un trabajo que nunca realizó y eludió así 150.000 euros en impuestos. Está también vinculado con el caso Valmor, en el que se investigan supuestas irregularidades en la organización de los grandes premios de F-1 en València, ya que fue socio en esa empresa junto a Jorge Martínez Aspar.