Una de las últimas decisiones que tomó Rafael Catalá al frente del Ministerio de Justicia fue firmar la orden de sucesión del ducado de Franco a favor de Carmen Martínez-Bordiú. Lo hizo el pasado 31 de mayo, el mismo día que se debatía en el Congreso la moción de censura que llevó a la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez, según confirmaron a este diario fuentes del Ministerio.

El polémico título, que con ese último acto del exministro pasará de la única hija del dictador, Carmen Franco, a su hija mayor, aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero las resoluciones de la División de Derechos de Gracia y otros Derechos, dependiente del Ministerio de Justicia, es habitual que no se publiquen hasta transcurridos entre 30 y 45 días. Una vez publicado se abre un periodo para impugnaciones de otros posibles herederos que crean que puedan tener derecho al título concedido, lo que no parece probable en este caso.

Cuando estaba en la oposición, el PSOE pidió su supresión por "higiene democrática" al entender "indignante" mantener un título concedido a un dictador, lo que atenta contra la memoria histórica, tras 40 años de democracia. Fue en una de las sesiones de control al Gobierno de principios de mayo, cuando la diputada Fuensanta Lima preguntó por él a Catalá. El entonces ministro sostuvo que "el título fue concedido por el Rey Juan Carlos en 1975 y como cualquier título nobiliario no genera ninguna condición singular, ningún privilegio. Es simplemente honorífico". Explicó que el artículo 62 de la Constitución "atribuye al Rey la capacidad de otorgar estos títulos nobiliarios" y anunció su intención de mantenerlo. Llama la atención que fuera una de las últimas decisiones que adoptó al frente de Justicia.