El ministro de Justicia, Rafael Catalá, pedirá este viernes a sus socios en la Unión Europea que se abra una "reflexión" en torno a la posibilidad de ampliar la lista de 32 delitos graves que incluye la orden europea de detención y entrega y que permiten la extradición automática de un acusado.

"La lista la hicimos en 2002, han pasado 15 años. No tenemos una propuesta concreta (de nuevos delitos que incorporar), queremos trabajar con los socios europeos", ha declarado Catalá a la prensa en Bruselas, a su llegada a una reunión de ministros de Justicia de la UE.

Aunque el ministro ha pedido "no basarse en anécdotas", en alusión al caso del expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que huyeron con él a Bruselas, la necesidad de revisar la euroorden surge justo después de que la justicia española solicitara infructuosamente a Bélgica la entrega de los cinco políticos catalanes.

Ninguno de los cinco delitos que les han sido imputados por la Audiencia Nacional, rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, figuran precisamente en esta lista de 32 delitos, lo que llevó a la juez Carmen Lamela añadir el de corrupción, que sí lo está, a la hora de tramitar las euroódenes.

La Fiscalía de Bruselas, sin embargo, concluyó tras examinar el expediente que no correspondía entregar a los requeridos por corrupción, aunque sí por cuatro de los cinco delitos imputados (todos menos prevaricación).

Si los tribunales belgas hubieran confirmado esta posición, situación que no llegará a ocurrir porque el Supremo español retiró la petición de entrega, Puigdemont y sus exconsellers solo hubieran sido entregados si quedara demostrada la doble tipificación de los delitos, esto es que figuraran también el ordenamiento jurídico belga.

Las diferentes versiones del Gobierno

Catalá ya adelantó que en una charla informal con periodistas el miércoles, durante la recepción con motivo del Día de la Constitución, que plantearía este viernes una revisión de la euroorden, al considerar que el caso de los políticos catalanes demuestra que el instrumento jurídico no es "ágil ni eficaz".

Sin embargo, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, corrigió al ministro y señaló que el balance de la euroorden es "positivo" y por tanto que este no iba a plantear "formalmente ninguna modificación".

Hoy Catalá ha querido subrayar que España no tiene "ninguna queja" hacia Bélgica y que como los cambios normativos en la UE van "despacio" y, el caso de la euroorden afecta a sensibilidades jurídicas "muy diferentes" entre Estados miembros, prevé plantear el debate para que entre todos los socios se busque una solución.

Después de 15 años de "éxito", hay que "actualizarla"

"No hay que basarse en las anécdotas, en los últimos tres años Bélgica ha emitido 212 órdenes de entrega hacia España, que han sido atendidas, salvo en dos casos por cuestiones humanitarias. Del Gobierno belga me consta la lealtad, la colaboración", ha explicado Catalá, para quien la necesidad de revisar las reglas europeas no responden a "un caso puntual".

Asimismo ha insistido en que la orden europea de detención y entrega fue pactada por la Unión Europea en 2002 (se aplica desde 2004), por lo que después de "15 años de éxito" para perseguir a criminales y terroristas es necesario actualizarla.