El consejo de ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha nombrado este viernes a Eugenio López nuevo abogado general del Estado, en sustitución de Marta Silva, que, tras cinco años, deja el puesto a petición propia para volver a ejercer en la Audiencia Nacional. Sobre el responsable de los Servicios Jurídicos del Estado es sobre quien recae la artillería del Gobierno para responder al desafío soberanista y la presentación de recursos e incidentes de ejecución de sentencia para combatir cada paso dado por la Parlament en este sentido ha sido la tónica en la anterior legislatura y durante el año en el que el Ejecutivo ha estado en funciones.

Eugenio López desempeñaba hasta ahora el cargo de secretario general técnico del Ministerio de Fomento, cuya cartera asumió en funciones Catalá cuando Ana Pastor fue nombrada presidenta del Congreso. Ha sido abogado del Estado en la Audiencia Nacional y en las delegaciones del Gobierno de Ceuta y de Castilla y León, así como en el Ministerio de Administraciones Públicas. También ha sido director general de Deportes del Consejo General de Deportes, secretario general técnico de los Ministerios de Interior, Presidencia y Administraciones Públicas de 2001 a 2003, y posteriormente, director general de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.

El nombramiento de López ha coincidido con el de José Manuel Maza como fiscal general del Estado, una vez que recibió los informes de idoneidad preceptivos, tanto por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como de la comisión de Justicia del Congreso, donde la oposición expresó recelos a su designación por el gobierno, pero superó el trámite necesario para la designación definitiva.

OTROS CAMBIOS EN JUSTICIA

Pese a que Rafael Catalá continuará en la cartera de Justicia, en esta nueva etapa se producirán algunos cambios en el Ministerio. El consejo de ministros ha nombrado a propuesta suya a Joaquín Delgado como director general de Relaciones con la Administración de Justicia, en sustitución de Ricardo Conde, que vuelve a la carrera judicial, y a José Amérigo, por Julio Fuentes, como secretario general técnico del Ministerio de Justicia.