La Generalitat llevará al Gobierno a los tribunales para reclamarle 1.317 millones de euros pendientes de pago, correspondientes principalmente a la financiación de 2019, y ha hecho un llamamiento a las demás comunidades para que sigan sus pasos y demanden al Ejecutivo por los recursos impagados.
Fuentes del departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat han indicado que el grueso del recurso se centrará en reclamar los 874 millones correspondientes a los anticipos de financiación del ejercicio de 2019 que no se han transferido, ya que se trata de una cuantía que el Gobierno había comprometido a principios de año y éste está en funciones.
La Generalitat también reclamará la liquidación de un mes de IVA pendiente del ejercicio 2017, aunque el Ministerio de Hacienda en ningún momento ha cuantificado de forma oficial cuál es el importe a liquidar ni ha comprometido su transferencia. Los 443 millones que reclama Cataluña por ese concepto se basan en una estimación del departamento.
«DE LOS CIUDADANOS» / «Los recursos(...) son nuestros, de los ciudadanos de Cataluña, nos corresponden por ley y se están reteniendo de forma irregular desde nuestro punto de vista», aseguró el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, durante su comparecencia en el Parlamento catalán.
El anuncio del recurso contra el Estado fue el primer punto de su intervención, en la que tenía que desglosar cómo se ejecutará el recorte presupuestario del 6% que ha aprobado su departamento, consecuencia del cierre de caja decretado en agosto.
Sin embargo, el conseller no ha ofrecido detalles sobre cómo se distribuirán los mencionados “ajustes”, más allá de asegurar que no afectará al pago de nóminas ni servicios esenciales como los relacionados con asuntos sociales, sanidad, educación, vivienda, prevención de incendios y transferencias a ayuntamientos.
Sí que concretó cómo se articulará la denuncia contra el Ministerio de Hacienda: si el Govern lo autoriza, el próximo martes se pondrá en marcha un recurso contencioso-administrativo contra el Ejecutivo central por incumplimiento de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas.
El vicepresidente catalán subrayó que el incumplimiento del Estado a la hora de transferir los anticipos correspondientes a 2019 no solo afecta a Cataluña, sino que perjudica a todas las comunidades autónomas, a excepción de País Vasco y Navarra.
SUMARSE A LA DEMANDA / Por este motivo, ha emplazado al resto de gobiernos autonómicos a sumarse a la demanda para exigir al Estado que haga llegar al territorio los 9.000 millones que adeuda por este concepto.
Desde la oposición, todos los grupos coincidieron en reprochar a Aragonès la ausencia de «autocrítica» respecto a la gestión del gobierno catalán, que funciona en prórroga presupuestaria desde hace dos ejercicios y este año ni siquiera llegó a aprobar su proyecto presupuestario para que se pudiera debatir en el Parlament.
En este sentido, el PSC vio «poco honesto» que Aragonès opte por «judicializar la política» y «cargar las culpas a otros» en vez de asumir su responsabilidad, y le tendió de nuevo la mano para negociar los presupuestos del 2020.
En la misma línea, los comunes se han erigido en «diques de contención» de los recortes y tanto ellos como la CUP se han ofrecido para aprobar una reforma fiscal que aumente los impuestos a los ricos y aseguren los recursos necesarios para garantizar la calidad de los servicios públicos.
Por su parte, Ciudadanos defendió que si el Gobierno catalán no gastara tanto en los «chiringuitos» del «procés» no necesitaría aplicar recortes en Cataluña, y el PPC auguró poco recorrido al «anuncio incendiario» de Aragonès, que a su juicio solo busca crear «confrontación» con el Estado.
