El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena quiere hacer las cosas bien y, aunque, como ya contó este diario, su intención es asumir todas las causas que tengan relación con la que tiene entre manos por rebelión, ha optado por dar un paso previo. Ayer solicitó a la jueza Carmen Lamela que le informe exactamente de las características del procedimiento que tiene abierto. Ella ya se ha dado por aludida y ya ha pedido informe a las partes personadas en la Audiencia Nacional, que se muestran partidarias de que se envíe al alto tribunal, al que corresponden los que son aforados, como es el caso de la Mesa del Parlamento catalán.

En una providencia, Llarena, con carácter previo a resolver sobre la competencia y acumulación de la causa, solicita a la magistrada que en el plazo de cinco días, de conformidad con el artículo 21 de la ley de enjuiciamiento criminal, le informe sobre «los aspectos fácticos, procesales e investigativos» del procedimiento que abrió por sedición contra el entonces mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana y los presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, ambos en prisión desde el 16 de octubre. En esa causa fue donde la magistrada acumuló la querella por rebelión presentada por el ministerio público cuando se aprobó la declaración unilateral de independencia por el Parlament el 27 de octubre. El 2 de noviembre, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 envió a prisión al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros. A Santi Vila le impuso una fianza de 50.000 euros que le permitió salir de la cárcel.

El magistrado Llarena, además, ha dado un plazo de cinco días a los abogados para que informen de su opinión ante la eventual acumulación de los procesos. El abogado Andreu Van Den Eynde, que defiende en el Tribunal Supremo a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y en la Audiencia Nacional al exvicepresidente Oriol Junqueras y otros exconsellers de ERC encarcelados, requirió hace unos días al alto tribunal que reclamara a la jueza Lamela la causa para unificarla. Los letrados del resto de exaltos cargos en prisión también se han mostrado favorables a que el Supremo instruya todo lo relativo al 1-O.

Por otra parte, la jueza Lamela confirmó ayer la admisión a trámite de la querella presentada por la fiscalía contra el expresidente Puigdemont y sus 13 exconsejeros por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por los hechos relacionados con la declaración unilateral de independencia (DUI), según explica en un auto en el que mantiene la fianza de 6,2 millones de euros impuesta. De esta manera, desestima los recursos de Junqueras y los exconsellers de ERC Carles Mundó y Dolors Bassa, además de Raül Romeva. Les recuerda que los investigados eran «participantes» que efectuaron «su aportación al plan secesionista que habría de llevar a cabo la DUI».