Amedida que avanza el calendario, los elementos ajenos a la pandemia que influyen en la negociación de las sucesivas prórrogas del estado de alerta que el Gobierno de Pedro Sánchez demanda van en aumento. Acaso un signo más de nueva normalidad que, en la arena política, se parece sospechosamente a la normalidad de toda la vida. En el camino a la sexta (y última, si hay que hacer caso de la vicepresidenta Carmen Calvo) votación en el Congreso, la destitución de Diego Pérez de los Cobos y la reformulación, con aires de desarticulación, de la cúpula de la Guardia Civil emprendida por el ministro Fernando Grande-Marlaska introduce nuevos elementos que los partidos consideran.

Así, ERC, tras permitir las tres primeras prórrogas y su no en la cuarta y la quinta votación, deja un escenario abierto sobre qué hará el próximo miércoles. Las demandas republicanas son conocidas: el retorno de las competencias de Salud (las últimas en manos del Gobierno central) y un paquete de medidas sociales, como un permiso retribuido a los padres que tengan que ir a sus centros de trabajo con hijos en casa (y las escuelas cerradas).

Pero más allá de la estricta necesidad vinculada a la pandemia, son ahora los otros factores los que aportan diferencias. Así, ERC considera que con la que está cayendo en Madrid, donde la ultraderecha ha tomado las calles, el PP está «en el monte» -según describe un cargo republicano- y la Guardia Civil «en armas», dejar solo a Pedro Sánchez, ahora, podría ser peligroso. «Sobre todo cuando la destitución de De los Cobos es, entre otras derivadas, un gesto hacia ERC, por el papel que el mando tuvo el 1-O», subraya.

SÁNCHEZ DE INTERLOCUTOR / Según fuentes republicanas, las negociaciones con el Gobierno están abiertas y el propio Sánchez ha tomado las riendas como interlocutor del líder extramuros de ERC, Pere Aragonès. Entre otras razones, especula la fuente anterior, «porque sabe que con la polvareda de los últimos días, se ha encarecido, también, el apoyo de Cs al Ejecutivo», Aunque el diálogo con la fuerza naranja prosiga.

El anuncio de Calvo de que esta sería la última prórroga tampoco es casual. Una forma de decir que las competencias autonómicas están a, como mucho, 15 días de volver a las manos de las comunidades. ¿Significa eso que la negociación ERC-PSOE va viento en popa? No, en absoluto. La coincidencia entre dos buenos conocedores de los entresijos del diálogo es llamativa. Mientras uno asevera que «Sánchez parece que no desee la prórroga», el otro resume que «estamos donde estábamos». Es decir, Esquerra aprecia que los socialistas no han movido aún un pie en el diálogo estrictamente pandémico. Todos los partidos también analizan dónde están y dónde les lleva un determinado pacto. De la misma manera que el PSOE se pregunta si un acuerdo con el independentismo catalán puede echar gasolina a la tensión actual, en ERC hay quien duda de los beneficios de dar oxígeno a Sánchez.

La falta de diálogo, cuando no desplantes, que el premier español, según todas las voces de ERC, ha llevado a cabo en esta pandemia hacen difícil que los sectores que menos se fían del PSOE aboguen, sin más, por el acuerdo. En el otro lado, hay quien tiene cierta envidia de cómo se movió EH Bildu para lograr, vía pacto, la derogación total de la reforma laboral. Aunque luego el PSOE se desdijera. Y es que la foto al lado de JxCat, atrincherados en el no, no es del agrado de muchos en ERC.

Con todo, hay otro elemento exógeno a la pandemia que podría ayudar a hacer más digerible un acuerdo: la mesa de negociación. Poner fecha y hora a la segunda reunión, según esta voz, lubricaría la entente que, eso sí, siempre se cerraría alrededor de la abstención.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, afirmó ayer que su partido negociará con el Gobierno de Pedro Sánchez que se flexibilice la fase 3 de desescalada y se deje en manos de las comunidades autónomas «las decisiones que se pudieran tomar en torno a ella», a cambio de su apoyo a la prórroga del estado de alarma. Además, confió en que el texto que el Ejecutivo pueda presentar sobre una nueva ampliación del estado de alarma «sea previamente pactado y discutido y hablado».