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PROCESO DE DESIGNACIÓN

El CGPJ avala a Sánchez Melgar como fiscal general

Constata que es idóneo para el cargo al llevar 35 años en la carrera judicial. Todos los vocales salvo una ha votado a favor de la designación

 

El nuevo Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, sale del Tribunal Supremo este mediodía. - DAVID CASTRO

30/11/2017

El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha avalado el nombramiento del magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar como fiscal general del Estado. El órgano de gobierno de los jueces ha comprobado que reúne los méritos y requisitos exigidos y, en consecuencia, su idoneidad para el cargo para el que fue propuesto el pasado viernes por el Consejo de Ministros. Todos los vocales han votado a favor salvo Concepción Sáez, que ha votado en contra.

Este es el primero de los trámites previstos para la designación de un fiscal general. Según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, "será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión".

35 AÑOS EN LA CARRERA JUDICIAL 

Sánchez Melgar tiene acreditados casi 35 años de servicios prestados en la carrera judicial, en la que ha ocupado destinos en la antigua Audiencia Territorial de Barcelona, en los Juzgados de Reinosa, Miranda de Ebro, Mataró y Santander, como magistrado en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, como presidente de la Audiencia Provincial de Ávila y, desde enero de 2000, como magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Además, desde noviembre de 2014 es magistrado sustituto de control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha sido vocal del Consejo Rector de la Escuela Judicial y es autor de medio centenar de publicaciones entre libros y artículos monográficos sobre el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la inviolabilidad e inmunidad de diputados y senadores.

“La verificación del contenido de dicha trayectoria profesional permite concluir que se cumplen en el candidato los requisitos exigidos por la legislación invocada y que, teniendo en cuenta además los méritos reflejados en su currículum y a los efectos del contenido del informe que ha de emitir el Consejo General del Poder Judicial, determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento para el que ha sido propuesto”, señala el acuerdo aprobado por el pleno.