Con semblante serio y en primera fila, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán intercambiaban este miércoles impresiones sentados en el banquillo de los acusados de la sala de vistas de la cuarta planta de la Audiencia de Sevilla. Era la foto que más temían los socialistas, la que pensaron que nunca se produciría: los todopoderosos presidentes de la Junta, y también del PSOE, durante casi 20 años, juzgados por un caso de corrupción, el 'caso ERE'. De poco sirve que los socialistas se empeñen en subrayar que ninguno es juzgado por enriquecerse a cuenta del erario público, a diferencia de otras formaciones.
Ambos están acusados, según la instrucción, por poner en marcha un procedimiento inadecuado para conceder ayudas públicas a empresas en crisis por un importe de hasta 741 millones de euros, según la fiscalía. Un sistema que buscaba agilizar los trámites administrativos pero que conllevaba, según el instructor, de forma premeditadamente buscada, la posibilidad de opacidad y discrecionalidad. El objetivo final era apaciguar a los trabajadores de empresas en crisis con escasa posibilidad de recolocación, en aras de la paz social, y de paso afianzar la base electoral que les permitió cómodas mayorías en el ejecutivo regional. La instrucción llegó a utilizar en este sentido el término "red clientelar".
La exministra de Fomento Magdalena Álvarez, a quien la imputación le costó el cargo de vicepresidenta del BEI, negaba con la cabeza mientras el secretario judicial leía el escrito de acusación sobre las 11 de la mañana. Poco antes, los 22 exaltos cargos acusados fueron llegando a la Audiencia. Álvarez lo hizo en el mismo coche que conducía el exconsejero y exsecretario de Estado Gaspar Zarrías, hombre fuerte del PSOE en Jaén durante años. Poco después entrarían, con apenas un minuto de diferencia, Chaves, saludando con la mano a los numerosos periodistas concentrados en la puerta, y Griñán, que se limitó a decir que estaba "tranquilo". Su mujer, horas antes, le defendía también en redes sociales.
Ninguno de ellos tiene ya responsabilidades en el partido, y están alejados de la vida política desde que renunciaron a sus escaños en las Cortes Generales cuando el Tribunal Supremo anunció que pediría el suplicatorio para juzgarlos al haber hallado indicios de responsabilidad penal al haber implantado y mantenido un sistema inadecuado de ayudas. Tras ser rehabilitados para la vida pública en el último congreso socialista andaluz, el pasado mes de junio, el partido defiende hoy su inocencia y honestidad. También en Ferraz, el equipo de Pedro Sánchez les apoya. "Desde el punto de vista de quien asumió responsabilidades políticas y quien dejó toda su responsabilidad política son un ejemplo para otros dirigentes políticos que no asumen esas responsabilidades políticas", lanzó Margarita Robles, portavoz del PSOE. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostraba prudente sobre el inicio del juicio asegurando que "la mejor manera de que se respete el proceso judicial en un Estado de Derecho es que las personas que tenemos o hemos tenido responsabilidades públicas relevantes seamos prudentes", apelando además al "derecho de defensa".
Todos ellos están acusados de prevaricación, por haber implantado el diseño del sistema supuestamente al margen de la ley, y 15 de ellos además están acusados de malversación, por presuntamente haber permitido y conocido el fraude sin haber actuado para, en última instancia, sacar réditos políticos. Ahí entran en juego las alertas que lanzó la Intervención General de la Junta, cuyo responsable también se sienta en el banquillo, y que fueron desoídas porque nunca avisaron de menoscabo de fondos públicos, lo que hubiera supuesto su paralización inmediata. Las penas a las que se enfrentan oscilan entre los 10 años de inhabilitación para los primeros y los 6 a 8 años de cárcel a los del segundo grupo.
La primera sesión del juicio se centra en las cuestiones previas, durante las cuales algunos de los abogados tratarán de solicitar la anulación del juicio al cuestionar el derecho a un juez natural, dado que tras la marcha de la primera instructora, Mercedes Alaya, la investigación la continuó su sustituto y el caso no entró en el reparto habitual de juzgados.
No será hasta enero cuando empiecen a declarar los acusados. El primero será el exdirector general de Trabajo Javier Guererro, a quien el resto de acusados consideran responsable de todas las irregularidades que llegaron después, como los intrusos o las ayudas directas a su chófer, que reconoció haberlas gastado en droga y fiestas.
La nota anecdótica de la sesión se producía este miércoles en las instalaciones de la Audiencia, ya que la reforma de los cuartos de baño no pudo culminarse al no llegar a tiempo el mobiliario y estos permanecerán cerrados.
