La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes cumplió con el papel que se supone a una imputada y ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón se desvinculó de la financiación ilegal del PP de Madrid y dijo desconocer incluso si existía una caja b. En su accidentada comparecencia como imputada en el caso Púnica, sí se permitió introducir el nombre del actual presidente del PP, Pablo Casado, como uno de los patrones de Fundescam, aunque precisó que le correspondía por presidir Nuevas Generaciones.
La declaración de Cifuentes se tuvo que interrumpir por una «desconfiguración técnica», ya que se estaba escuchando en la sala de prensa. Tras intentar solucionarlo, el juez, que solo veía para ello la opción de «cortar cables», preguntó a las partes sobre el modo de proceder, ya que estas comparecencias se celebran a puerta cerrada y solo pueden estar presentes, además de él mismo, la fiscalía y los abogados de los imputados.
Finalmente se decidió trasladar el interrogatorio a otra sala y reiniciarlo desde el momento en el que se había interrumpido, sin necesidad de empezar de nuevo.
Según fuentes presentes en la declaración, la expresidenta madrileña explicó que los patronos de la fundación a través de la que el PP se financiaba ilegamente eran nombrados en función del organigrama del partido. Dijo ignorar incluso que el entonces presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, realizara alguna donación al PP a través de esta vía.
La imputación de esta expresidenta madrileña responde precisamente a la supuesta adjudicación «arbitraria» de los servicios de restauración de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011 al grupo Cantoblanco, propiedad de este empresario. La imputada dijo que desde que ella se puso al frente de la Comunidad de Madrid no hubo ningún contrato que incluyera la cláusula del 1% que, según el juez, estableció Aguirre para financiar el partido.
