Todos los otoños pasa lo mismo. Bancos y aseguradoras bombardean a sus clientes con campañas comerciales para captar sus últimas aportaciones del año, las más jugosas, a los planes de pensiones. «Las empresas privadas de fondos de pensiones aceleran su publicidad, poniendo la duda sobre las pensiones», acertó a denunciar en su día la exministra de Trabajo del Partido Popular Celia Villalobos, harta de los negros augurios que contaminaban los debates del Pacto de Toledo para la reforma de la Seguridad Social.

Otoño no es una estación tranquila para el debatir sobre la reforma de las pensiones y en esta ocasión solo ha faltado la cita electoral del próximo 10 de noviembre para acabar revolucionando cualquier intento de debate sosegado.

El mismo día que se disolvieron las Cortes Generales, el pasado 23 de septiembre, salieron dos columnas de pensionistas desde Bilbao y desde Rota (Cádiz) camino de Madrid para presentarse el día 16 ante el Congreso de los Diputados a exigir la subida de las pensiones con el índice de precios de consumo (IPC) y una pensión mínima de 1.084 euros.

Los sindicatos CCOO y UGT, por su parte, inician hoy mismo una ronda de contactos con las formaciones políticas para exigirles que se comprometan a revalorizar las pensiones, entre otras medidas.

EL DISPARO DE SÁNCHEZ / Y en este contexto, ha sido el candidato socialista y presidente en funciones, Pedro Sánchez, quien ha encendido la mecha. El lunes anunció que en caso de ganar las elecciones generales próximas su Gobierno subirá en diciembre las pensiones del 2020 según«el IPC real».

No es nueva la intención socialista de subir las pensiones de acuerdo con el IPC y de garantizar el poder adquisitivo de las prestaciones con el dato real del inflación (añadiendo una paguilla cada mes de enero si el IPC supera la subida inicial).

Lo nuevo es la intención, reconocida ayer por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, de intentar sacar adelante un decreto aún en el caso de que el actual Gobierno de Pedro Sánchez siga en funciones.

10 MILLONES DE PENSIONISTAS / Hay más de 10 millones de pensionistas de uno y otro tipo y todos ellos están llamados a las urnas el 10 de noviembre.

La ministra Valerio dio a entender que la subida se haría con arreglo a la previsión de inflación que la ministra de Economía, Nadia Calviño, incluya en el Plan Presupuestario que debe presentar en Bruselas antes del 15 de octubre. El Banco de España prevé ya un IPC del 1,1% para el año 2020.

La irrupción del debate ha pillado con el pie cambiado al Partido Popular. Su líder, Pablo Casado, criticó ayer que las pensiones sean incorporadas a «los mítines electorales» pero al final acabó reconociendo que su partido apoyará «lo que llegue» al Congreso de los Diputados en materia de revalorizaciónde las pensiones si «finalmente» los socialistas deciden hacerlo de una manera que se considera urgente.

Fuentes del PP interpretan la prontitud con la que Sánchez ha agitado el tema de las pensiones (a más de un mes del 10-N) como una señal de debilidad socialista en las encuestas ante la cual habría reaccionado echando mano de su principal arsenal, informa Pilar Santos.

SIN DEBATES DE FONDO / «Es bueno que en elecciones se abra el debate sobre una cuestión de Estado tan importante », valoró ayer el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo. «Lo que me preocupa es el efectismo», censuró.

Y es que el clima otoño-electoral no favorece el debate profundo que precisa la sostenibilidad del sistema de pensiones. Hay más de una decena de cuestiones que quedaron aparcadas en el Pacto de Toledo en febrero pasado, cuando el anuncio de las elecciones del 28 de abril hizo abortar el principio de acuerdo al que habían llegado entonces los grupos políticos.

En los últimos días, tanto el Banco de España como la Autoridad Fiscal (Airef) se habían adentrado en el debate de fondo sobre la reforma de las pensiones. Así, por ejemplo, el Banco de España pone el acento en la necesidad de «ajustes de calado en los ingresos y en los gastos» para hacer sostenible el sistema. Mientras que desde la Airef se ven necesarias las reformas, pero acentúa que «el problema es manejable».