Ciudadanos pagó mensualmente un sueldo como asesor a un vocal de la Junta Electoral Central (JEC) mientras participaba en debates decisivos en este organismo sobre el procés y el desarrollo de las diferentes convocatorias electorales entre el 2017 y el 2019. Según desveló ayer Eldiario.es, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) Andrés Betancor entró en la JEC a finales del 2017 a propuesta de la formación naranja y, paralelamente, ocupaba un cargo como asesor dentro del partido que incluía un despacho en la zona del Congreso destinada a los grupos parlamentarios.

Fuentes de Cs reconocieron al diario digital que tenían a Betancor en nómina, pero se negaron a detallar cuáles eran sus funciones en el partido. Tampoco lo hicieron ayer en público. Mientras la portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, esquivó ayer toda explicación pública a los periodistas -incluso canceló una entrevista programada en La Sexta- y la líder del partido en Cataluña, Lorena Roldán, dio versiones erráticas. Primero tildó la información de «invención», «cortina de humo» y «fake news», para luego admitir que desconocía si Betancor cobraba del partido, pero que, «si fuera así, no sería ilegal».

En efecto, la ley que regula la composición y el funcionamiento de la JEC no establece este tipo de incompatibilidades, pero Ciudadanos ha hecho siempre bandera de la separación de poderes y ha criticado la politización de determinados órganos, sobre todo por parte de PSOE y PP. Tras conocerse la noticia, la UPF decidió abrir un expediente a Betancor para aclarar si sus actuaciones, que el rector tachó de «éticamente reprobables», pueden ser sancionables.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció que se querellará «por soborno, prevaricación y/o delito electoral» contra Betancor y puso «bajo sospecha» todas las decisiones de la Junta Electoral relacionadas con el procés en los últimos dos años. Entre otras causas, el exasesor de Ciudadanos tomó partido en el rechazo de la JEC a la candidatura europea de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, desautorizada posteriormente por el Supremo. Y esta circunstancia será argumentada por sus defensas en todos los procedimientos judiciales que tienen abiertos.

Fuentes de la defensa de los líderes independentistas avanzaron que están preparando una demanda civil en Bélgica y que se presentarán alegaciones con las circunstancias que rodeaban a Betancor, quien abandonó la Junta Electoral en junio del 2019.