Ni en su mitin en Granollers ni en el de Cornellà de Llobregat, por poner dos ejemplos, abundó Inés Arrimadas en sus propuestas económicas. La candidata de Ciutadans optó en esas ciudades -donde se juega muchos votos con el PSC- por subrayar los «males» que ha causado el proceso independentista en la convivencia y en los servicios sociales y prometió dedicar el dinero de las estructuras de Estado a la sanidad y la educación. Fue ayer, en el Círculo de Economía, cuando asomó el liberalismo económico de su partido, y cabe subrayar el verbo asomar porque tampoco profundizó mucho en sus recetas: el tema estrella es acabar con el «monotema» y adentrarse en otros terrenos puede restar apoyos a una formación que quiere capitalizar el no a la secesión.

Ante un auditorio repleto y donde se le explicitaron más simpatías de las que se visualizaban antaño, Arrimadas ofreció «seguridad jurídica» a los empresarios y prometió un plan de choque para el regreso de las 3.000 compañías que se han ido; hacer de Cataluña «una tierra competitiva fiscalmente»; reducir las tasas administrativas «innecesarias» y efectuar una auditoría del gasto de la Generalitat para detectar problemas de gestión y de corrupción. «El procés no ha traído nada bueno», reiteró, y dio un toque de atención a los emprendedores que jugaron otras cartas en el pasado. «Ha sido la peor estrategia de negociación, si alguien quería verlo así, con el Gobierno de España» para obtener más dinero.

«Donde se hable de calés, los catalanes tenemos que estar representados», dijo, y así regaló los oídos de los presentes al referirse a la negativa de Puigdemont de negociar el modelo de financiación y asistir a la cumbre de presidentes autonómicos.