Pablo Iglesias no deja de repetir que si consigue el ansiado 'sorpasso' y adelanta al PSOE tratará a Pedro Sánchez como un "aliado" y le ofrecerá la vicepresidencia. Pero lo cierto es que cuando el candidato de Podemos se adentre tras el 26-J en el pantanoso escenario de negociaciones para formar Gobierno, tendrá una autonomía de decisión relativa, por las exigencias que le han impuesto algunos de sus socios territoriales para apoyarle en la candidatura electoral. La líder de Barcelona en Comú, Ada Colau, se ha garantizado por escrito que el líder morado le consulte cualquier alianza que plantee llevar a cabo para formar un Ejecutivo de cambio.
Así lo establece el acuerdo de la coalición En Comú Podem, que se cerró ‘in extremis’, rozando el límite del plazo legal, por el pulso que mantuvieron hasta el último instante los dirigentes morados y los de la plataforma catalana. Según fuentes de Podemos, la colaboración estuvo en peligro por algunas de las cláusulas que planteó la plataforma catalana. Una de las que finalmente figura, atribuye al consejo de gobierno de la coalición la potestad para aprobar “la estrategia política, la acción institucional y las políticas de alianzas”, así como “los pactos de Gobierno”. También se concreta que las decisiones deberán ser adoptadas por consenso y que, en caso de discrepancia, se determinarán por una mayoría cualificada de tres cuartos. El documento no especifica cuántos miembros de Barcelona en Comú, Podem, ICV y EUiA participarán -extremo que sí detallan los pactos en Galicia y València- . Fuentes de la coalición han confirmado a este diario que habrá representación de todas las fuerzas que componen la candidatura pero aseguran que todavía no se ha decidido el número. Ningún otro aliado de Iglesias le exige por escrito que le consulte antes de llegar a una alianza de gobernabilidad.
Conocer la casquería de la negociación de las coaliciones es posible porquepor primera vez la Junta Electoral Central obliga a los partidos a hacer públicos esos detalles en el momento de registrarse para competir en los comicios. Hasta ahora, sólo se conocían los aspectos que las formaciones políticas estaban interesadas en hacer salir a la luz, por fines diversos. Con esta información, sin embargo, es posible ver el distinto énfasis que ponen los socios en sus exigencias políticas y económicas.
REPARTO DE SUBVENCIONES CON GARZÓN
Uno de los puntos que más expectación ha suscitado es justamente el reparto de las subvenciones electorales en la coalición entre Iglesias y Alberto Garzón, por la situación de quiebra que atenaza a IU. El acuerdo establece que Podemos se quedará con el 76% y los rojiverdes con el 24% del dinero que perciben por cada voto cosechado al Congreso y al Senado. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) otorga 0,81 euros por cada papeleta conseguida para la Cámara baja y 0,32 por cada una para la Cámara alta. Sobre estas cifras se aplica el porcentaje de distribución pactado por Iglesias y Garzón. Pero hay otra ayuda. La que el Estado da por cada escaño obtenido, 21.167,64 euros. En este apartado, IU y Podemos cobrarán ese importe según el número de diputados que saque cada fuerza. El reparto económico es similar al peso político. Las decisiones que tome el consejo directivo de la coalición deberán estar ponderadas, el 70% corresponde a Podemos, el 25% a IU y el 5% restante a Equo.
En el caso de En Comú Podem la cuestión de las ayudas repite la misma proporción establecida ya el 20-D: 29% Barcelona en Comú, 29% Podem, 29% ICV y 13% EUiA. Los socios gallegos hacen un reparto por tercios en cuanto a peso político -Podemos, Anova, EU- pero una cláusula especifica que respecto a las subvenciones “Podemos renunciaría a este derecho”.
LOS GRUPOS PROPIOS
El otro gran elemento de exigencia de los aliados territoriales es la exigencia del grupo propio parlamentario. En el caso de que la Mesa del Congreso no les conceda constituirse como voz independiente, la coalición que lidera Xavier Domènech se compromete a articularse en un “subgrupo” dentro del nodriza de Podemos.
Los socios valencianos van mucho más allá. Exigen que, en ese caso, el partido morado recurra hasta el Tribunal Constitucional si es necesario esa decisión, una cláusula que arranca en el malestar que late entre algunos dirigentes valencianos, que consideran queIglesias no hizo todo lo posible tras el 20-D para que los satélites territoriales tuvieran grupo propio.
La documentación aportada por Unidos Podemos no hace referencia alguna a la distribución parlamentaria, pero fija como marco de actuación los 50 puntos del acuerdo programático, entre los cuales se incluye el derecho a decidir.
