La Audiencia de Palma ha retomado a las 9.13 horas el juicio del caso Nóos, en el que la infanta Cristina se sienta en el banquillo acusada de cooperar en delitos fiscales con su marido, Iñaki Urdangarin.
La presidenta del tribunal, la magistrada Samantha Romero, ha dado comienzo a la segunda jornada de la vista haciendo constar las protestas formuladas por varias partes en contra del auto en el que el tribunal desestimó la mayoría de las cuestiones previas que habían planteado el primer día.
Posteriormente ha realizado un "pronunciamiento absolutorio" sobre el que fuera secretario del Instituto Nóos, Miguel Tejeiro, a petición de Manos Limpias que ha retirado la acusación contra él.
El juicio comenzó el pasado 11 de enero con las cuestiones previas y hoy empezarán en la Escuela Balear de la Administración Pública las declaraciones de los acusados, comenzando por el exdirector general de Deportes y ex regatista olímpico, José Luis "Pepote" Ballester.
La infanta Cristina sigue acusada por Manos Limpias como cooperadora necesaria en dos presuntos delitos fiscales cometidos por su marido al defraudar en sus declaraciones de IRPF de 2007 y 2008, después de que el tribunal desestimara la cuestión previa planteada por su defensa.
La sección primera de la Audiencia de Palma rechazó aplicar a la infanta la llamada doctrina Botín, por considerar que el caso Nóos no se ajusta a la misma, y respaldó la legitimidad de Manos Limpias como acción popular para ejercer la acusación en solitario contra doña Cristina.
En el auto, las juezas indicaron que el delito contra Hacienda que se imputa a la infanta daña un bien colectivo y, por tanto, la Agencia Tributaria no es el "único perjudicado", y cabe una acusación popular aunque la Fiscalía y la Abogacía del Estado no la acusen.
Manos Limpias pide para ella una condena de 8 años de prisión y multa de 2 millones de euros.
Urdangarin se enfrenta a una petición de condena de 19 años y 6 meses de cárcel por la Fiscalía Anticorrupción y de 26 años y 6 meses por parte de Manos Limpias.
También lo acusan la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares, que pide 8 años de condena; la Abogacía del Estado que solicita que cumpla 3 años y 6 meses, y los socialistas del Ayuntamiento de Valencia que reclaman una condena de 11 años para el marido de la infanta.
Las acusaciones lo consideran responsable de utilizar el Instituto Nóos y entidades satélites para saquear fondos de las instituciones públicas de Baleares (2,5 millones), Valencia (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros). Está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales.
Las magistradas de la Audiencia de Palma juzgan la presunta trama urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, que percibieron casi 6 millones de varias administraciones públicas, así como el posterior plan supuestamente urdido para defraudar a Hacienda.
