Compromís ha desvelado este jueves las contraprestaciones que ha obtenido del voto afirmativo de su diputado Joan Baldoví a la investidura de Pedro Sánchez, entre las que destaca la promesa de que el futuro Gobierno establecería un complemento presupuestario que aseguraría que la Generalitat pueda prestar los servicios públicos en la Comunidad Valenciana "al mismo nivel que el resto del Estado". Eso si, esa cobertura no está cuantificada.

El partido valencianista ha hecho de la infrafinanciación su bandera en las últimas elecciones y el documento elaborado entre ambos partidos le dedica el primero de sus nueve puntos. Recoge que el actual modelo "ha resultado especialmente lesivo" para esta autonomía y también la promesa electoral de Sánchez, estrella en sus mitines en la Comunidad, de que se reformará en la siguiente legislatura.

Compromís ha conseguido que el partido socialista se comprometa a que en los ochos meses posteriores a la investidura, el Ejecutivo central presente una propuesta y que además "garantice una financiación justa y constitucional" para los valencianos, según recoge el acuerdo.

Pero, en previsión de un nuevo bloqueo, la formación de Baldoví ha pactado que mientras no haya nuevo sistema en los Presupuestos Generales se garantizará que la Generalitat pueda cumplir sus obligaciones en los servicios públicos como "el resto del estado". En el documento no hay detalle de cómo se calcularía ni en qué concepto llegaría.

El acuerdo recoge también el compromiso del futuro gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos de cumplir la cláusula de inversiones territorializadas del Estatuto de Autonomía que recoge la necesidad de unas inversiones equilibradas con el porcenataje de población que representa la Comunidad Valenciana en el país.

Estamos muy orgullosos y contentos de que por primera vez una formación valencianista llegue a un acuerdo de gobernabilidad y que esté basado en una agenda valenciana que sin Compromís habría estado ausente de esta investidura, ha señalado Baldoví.

El documento recoge también que durante la legislatura el Gobierno llegará al cumplimiento de aportar la mitad del presupuesto de la ley de dependencia, la creación de una agenda valenciana de inversiones, con especial énfasis en las infraestructuras ferroviarias, y con la idea de trabajar conjuntamente para garantizar que la polémica ampliación del Puerto de Valencia cumpla toda la normativa ambiental.

Igualmente, el futuro Gobierno, si lo hubiera, promoverá la singularidad de una agricultura mediterránea en la nueva Política Agraria Común y a analizar el impacto de los Tratados de Libre Comercio así como a vigilar especialmente que se cumpla la normativa en la importación de cítricos. Igualmente habrá compensaciones para los afectados por la Xylella fastidiosa, una plaga conocida como el 'ébola de los olivos'.

En cuestiones hídricas, desde el nuevo Ejecutivo central se impulsarían infraestructuras que ayudarían a la protección de L'Albufera y otras en Alicante y en cuanto a la recién 'liberada' AP7, se estudiarán la remodelación de los enlaces con otras vías, la adaptación de los firmes al aumento de tráfico pesado y la posibilidad de algún carril adicional para absorber el previsible incremento de tráfico.

También se ratifica el acuerdo que se cerró para los frustrados presupuestos de 2019 por el que el Estado se hace cargo de la deuda del 'Consorcio Valencia 2007' creado para que la ciudad acogiera la Copa América. "Es un buen acuerdo que permitirá mejorar las condiciones de los ciudadanos del territorio valenciano", ha apuntado el diputado.