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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Congreso se abre a reformar los plazos de instrucción para evitar la impunidad en los casos de corrupción

Todos los grupos se muestras favorables a derogar el tope de seis meses para construir el caso. El PP no encuentro los apoyos suficientes para cambiar la fórmula para acatar la Constitución

 

Vista general del hemiciclo del Congreso de los Diputados, el pasado 3 de diciembre, día de la sesión constitutiva. - EFE / BALLESTEROS

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ
18/02/2020

El Congreso de los Diputados da el visto bueno a la tramitación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) para derogar el plazo máximo de instrucción de seis meses en los procedimiento penales. La propuesta de Unidas Podemos ha recibido el visto bueno de todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular que en 2015 legisló para establecer este tope, que se eleva hasta 18 meses en el caso de que el juez declare la instrucción compleja.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha defendido la medida alegando que esta restricción temporal para construir el caso influye, sobre todo, en los juicios por corrupción, los más difíciles y largos de investigar. Según el dirigente morado, el actual artículo 324 de la LECRIM es un "instrumento al servicio de la impunidad". "Seamos capaces de ponernos de acuerdo al menos una vez", ha pedido Asens antes de señalar que "la corrupción es una amenaza que corroe, que destruye los servicios públicos y la democracia".

Todas las formaciones han aceptado ponerse a trabajar para derogar este aspecto que impulsó el exministro de Justicia Rafael Catalá. Entre las consecuencias que ha tenido en estos años destaca en el caso del ex presidente popular de Murcia Pedro Antonio Sánchez que resultó absuelto en el denominado caso Pasarelas por una cuestión formal: el fiscal no presentó en plazo la solicitud de que la causa fuera declarada compleja y con ello se ampliara el plazo de instrucción.

SÍ, PROMETO

La iniciativa que no ha prosperado en la Cámara baja ha sido la presentada por los de Pablo Casado para sacar adelante la reforma del reglamento del Congreso para prohibir coletillas al acatamiento de la Constitución que "limite, vacíe o condicione" la promesa o juramento. Tan solo Vox y Cs votarán 'sí'. Sin embargo, el resto de formaciones se ha opuesto alegando, la gran mayoría, que la sentencia del Tribunal Constitucional ya sentenció que estas expresiones eran legítimas.

"Debil democracia la que busca obstaculizar que los resultados de las urnas lleguen a los escaños del Congreso", ha sentenciado la diputada de ERC Pilar Vallugera y el parlamentario de JxCat Jaume Alonso-Cuevillas ha tachado de "formulismo anacrónico" la necesidad de prometer lealtad a la Carta Magna. Incluso, la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua, apoyada por varias formaciones, ha señalado que lo que debería de hacerse es eliminar el acatamiento.

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