El Congreso de los Diputados da el visto bueno a la tramitación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) para derogar el plazo máximo de instrucción de seis meses en los procedimiento penales. La propuesta de Unidas Podemos ha recibido el visto bueno de todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular que en 2015 legisló para establecer este tope, que se eleva hasta 18 meses en el caso de que el juez declare la instrucción compleja.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, defendió la medida alegando que esta restricción temporal para construir el caso influye, sobre todo, en los juicios por corrupción, los más difíciles y largos de investigar. Según el dirigente morado, el actual artículo 324 de la LECRIM es un «instrumento al servicio de la impunidad». «Seamos capaces de ponernos de acuerdo al menos una vez», pidió Asens antes de señalar que «la corrupción es una amenaza que corróe, que destruye los servicios públicos y la democracia».

Todas las formaciones aceptaron ponerse a trabajar para derogar este aspecto que impulsó el exministro de Justicia Rafael Catalá. Entre las consecuencias que ha tenido en estos años destaca en el caso del expresidente popular de Murcia Pedro Antonio Sánchez que resultó absuelto en el denominado caso Pasarelas por una cuestión formal: el fiscal no presentó en plazo la solicitud de que la causa fuera declarada compleja y con ello se ampliara el plazo de instrucción.

Sí, prometo / La iniciativa que no prosperó en la Cámara baja fue la presentada por los de Pablo Casado para sacar adelante la reforma del reglamento del Congreso para prohibir coletillas al acatamiento de la Constitución que «limite, vacíe o condicione! la promesa o juramento. Tan solo Vox y Cs votarán sí. El resto alegó que la sentencia del Tribunal Constitucional ya sentenció que estas expresiones eran legítimas.